René Ramírez Benítez
Foto: Valentina Álvarez Borges
La Jornada Maya
Martes 8 de noviembre, 2016
Los datos están ahí. El Índice Global de Impunidad menciona que en Yucatán el 72.8 por ciento de los delitos quedan totalmente en el olvido, debido entre otras cosas a la pereza y torpeza de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia; además de que es muy marcada la falta de investigación sobre hechos posiblemente delictuosos. Sólo el 8 por ciento de las carpetas de investigación abiertas conducen a un proceso penal.
Así vivimos los ciudadanos: cansados, agobiados y decepcionados del aparato del Estado encargado de proteger los derechos de sus habitantes.
Detrás de los datos, se trata de personas e historias. Por ejemplo, el caso del joven Guille, hijo de María Lara y José Luis Ascencio; un joven extraordinario, estudiante del Tecnológico de Mérida, que murió electrocutado en un hotel, debido a la negligencia dolosa de un empresario. La tragedia de esta familia continúa ante la imperante impunidad, cuyo origen es la corrupción del poder. María y José Luis decidieron luchar, optaron por denunciar, por combatir a ese monstruo para que lo ocurrido a Guille no le suceda a nadie más. Casos como éste son muestra de lo mucho que nos falta por llegar a la "tierra prometida" por Martin Luther King.
Por lo anterior, espacios como la Tercera Jornada de Derechos Humanos se convierten en una bocanada de aire fresco. Desigualdad, crisis e impunidad son sus temas centrales. Se lleva a cabo desde ayer y hasta el día 11 de noviembre. Las sedes: Facultad de Derecho y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la Universidad Marista de Mérida.
No hay duda que es provechoso que estos pequeños oasis de crítica, generados por jóvenes, se den en un estado donde, en general, priva el "no pasa nada". Es loable que alguien cubra un espacio que deberían ocupar instituciones creadas con supuesta autonomía, que son constituidas para combatir los males que nos aquejan.
Sí, es de celebrarse. Pero es lamentable y nos señala lo lejos que estamos de un real Estado de derecho, tener que organizar este tipo de encuentros sobre violaciones graves a derechos fundamentales. Algo hay que hacer, cuando priva la incapacidad institucional, la ceguera, la complicidad política y la inacción; cuando se trata de los deberes básicos de protección.
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