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Carlos Meade
Foto: Carlos Águila
La Jornada Maya

Jueves 29 de septiembre, 2016

Es lamentable que debamos sumar a los graves conflictos socioambientales de Tulum las disputas por la tierra, con desalojos a punta de pistola. Es tan turbio el asunto en las playas que es arriesgado opinar con tantas versiones disponibles y tan pocos datos de probada veracidad. Aun así, hay algunas cosas que podemos dejar en claro, pese al cochinero imperante. Propongo como referencia un reportaje de Lydia Cacho, las notas publicadas por La Jornada y la entrevista que hizo Carmen Aristegui hace dos semanas a dos de los rijosos en pugna. Comento los siguientes hechos:

1) El ejido Pino Suárez fue decretado en 1973, por el presidente Luis Echeverría. La mayoría de los beneficiarios eran campesinos de Tabasco.

2) En 1993 los ejidatarios solicitaron una ampliación del ejido que, según ellos, les fue concedida. Aseguran tener el plano correspondiente. Luego, al parecer, el Tribunal Agrario desconoció esta autorización y hasta hubo despidos de funcionarios. Esta ampliación abarca los 7 kilómetros de costa en disputa. ¿Es de creerse que las autoridades agrarias de este país se hayan prestado a alterar el plano ejidal y a desaparecer el original para favorecer intereses privados?

3) Curiosamente, un año después se presentaron supuestos dueños, amparados con un título de propiedad fechado en el año 1948. El presidente Miguel Alemán figura en el documento pero su firma, se dice, no está estampada. O sea que ese título no sería válido.

Además, resulta extraño que en una fecha tan remota alguien adquiriera esa franja de costa que se ubica exactamente entre el Parque Nacional Tulum (decretado en 1981) y la Reserva de Sian Ka’an (decretada en 1986). Esto puede indicar que el supuesto título de propiedad fue inventado después de 1986 y, muy probablemente, a raíz de la solicitud ejidal de ampliación. ¿Nos podemos imaginar a un funcionario de la Reforma Agraria manipulando información para beneficio de intereses privados a cambio de favores?

4) Los ejidatarios, sintiendo presión por la presencia de supuestos dueños, acordaron parcelar la tierra pero su propuesta fue rechazada por ser contraria a la Ley Agraria, que prohíbe parcelar selvas y bosques. Sin embargo, establecen un parcelamiento de carácter interno de esos terrenos y algunos ejidatarios comienzan a construir infraestructura rústica en la playa.

5) Ante tentadoras ofertas, algunos ejidatarios venden sus parcelas, de forma irregular ya que el parcelamiento no es legal. Otros ejidatarios van más allá y venden sus derechos agrarios.

Es aquí donde se entienden las maniobras de empresarios sin escrúpulos como Roberto Palazuelos quien, en entrevista con Aristegui, cínicamente aceptó que compró un terreno a un ejidatario a un precio regalado, a sabiendas que era una operación ilegal. Este actor de Televisa ya había incurrido en otras ilegalidades al despojar de su tierra a don Pablo Canché, un dignatario maya de Tulum. En ese lugar levantó el hotel Diamante K.

Intentando explicar la problemática tras los desalojos, Aristegui, en un reciente programa de CNN, invitó a 2 representantes de los grupos en pugna, lo que suscitó una agria polémica entre Roberto Palazuelos y Eddie Villarreal, que dejó algunas cosas en claro pero otras no tanto. Algo evidente es que ambos están involucrados en negociaciones turbias. Palazuelos, un tiempo defensor del ejido, por su interés de darle validez a su compra ilegal, firmada en una servilleta, ahora se ha pasado al lado de los que se ostentan como dueños. Villarreal, por su cuenta, comprador de un derecho agrario sin ser campesino, dice defender los intereses del ejido (y los suyos, de pasada). Pero no mencionó el papel del exbanquero Roberto Hernández, ahora prácticamente dueño del ejido, a través de prestanombres.

De hecho, resulta extraño que el nombre de Roberto Hernández no haya figurado hasta ahora como actor en este conflicto. En Tulum, en cambio, es un secreto a voces que este personaje es dueño de enormes predios en la Reserva de Sian Ka’an, que incluyen más de 20 kilómetros de playas y que ahora se ha apoderado del ejido Pino Suárez. De esta manera, a quienes dicen defender al ejido habrá que preguntarles si no es a Roberto Hernández a quien están defendiendo.

Como se ve, no hay a quién irle en este conflicto que ha afectado a Tulum, con desalojos violentos operados por paramilitares; escándalo que ha trascendido a nivel internacional. Parece difícil pensar que quienes invirtieron allí no conocían los riesgos.

Tulum, Quintana Roo.


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