Espejismos de la ley

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 8 de julio, 2016

En abril, el Congreso del estado aprobó la Ley de Víctimas de Yucatán, la cual tiene como finalidad garantizar la reparación por violaciones a derechos humanos, entre otros establecidos en la Constitución local y en diversos tratados internacionales. Sin embargo, las posibilidades de que el nuevo instrumento tenga una utilidad más allá de la ornamental son escasas por su diseño, el cual reproduce vicios y espejismos de la Ley General de Víctimas y de otras leyes estatales sobre derechos fundamentales.

En Yucatán ya existían al menos 13 leyes que atendían directa o indirectamente la reparación a víctimas. Ante los posibles choques entre ellas y la Ley de Víctimas de Yucatán, la duplicidad en las funciones de distintas entidades expondría a las víctimas a un laberinto burocrático. Bajo ese esquema de indeterminación de responsabilidades, la re-victimización es un escenario posible, tal y como ha sucedido con la ley federal en la materia.

Otro de los problemas que enfrenta la Ley de Víctimas local es el que denominaría el “formato de graduación”. En Yucatán es común emitir leyes que contemplan la creación de Comités o Consejos encargados de su implementación y cumplimiento. Además de la nueva, hay otras 7 leyes estatales en materia de víctimas que lo hacen. No sólo preocupa que muchos de esos Comités y Consejos tienen estructuras casi idénticas –casi como si fuesen un copy paste- distinguiéndose únicamente por menciones sin sustancia para la materia específica de cada ley, sino que son conformados por distintas autoridades de alto rango de los tres poderes del estado.

Este “formato de graduación” –en el que figuran todas las autoridades posibles como si se tratase de una foto grupal- genera dos escenarios que obstaculizan el cumplimiento de las promesas de reparación integral. Por un lado, la incapacidad operativa para que autoridades de alto rango, además de dedicar tiempo y recursos a las múltiples actividades que de por sí ya poseen, puedan dedicarse personalmente a atender materias especializadas, de suma importancia y cuyo contenido es tan variado que no puede ser abordado de manera superficial.

Por otro lado, la sobre-representación de distintas autoridades de los tres poderes del estado le resta independencia, sobre todo en los casos en los que responsables de las violaciones a derechos humanos sean algunas de las autoridades conformantes del Comité o Consejo encargado de reparar a la víctima o garantizarle el ejercido de algún otro derecho.

En lugar de engordar el laberinto burocrático, el Congreso debió reforzar las instituciones ya existentes. Por ejemplo, plantear una reforma de gran calado en las funciones, mecanismos, presupuesto y procesos de selección del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con el objetivo de que las víctimas puedan a través de ella recibir asesoría jurídica gratuita y resoluciones que puedan ordenar indemnizaciones, entre otros.

Sin embargo esto no sucedió. Lo peor es que, como siempre, el Congreso no busca acercar a las víctimas, ONG’s, académicos, asociaciones de abogados, expertos independientes y demás sectores para elevar el nivel de discusión en esos asuntos. Pero también hay que aceptarlo: muchos de nosotros no nos hemos empeñado en hacerlo, limitándonos a expresar frustraciones y desaires cuando las cosas se aplican, pero no a involucrarnos al momento en que se están adoptando. En las decisiones del Congreso, los diputados no deberían ser los únicos interlocutores.

Twitter: @kalycho
Mérida, Yucatán