Yucatán, sin avances

René Ramírez Benítez
Foto: María Luisa Severiano
La Jornada Maya

Jueves 19 de mayo, 2016

El tema del matrimonio igualitario regresa el centro del debate público en el sureste mexicano, ya que hace unos días el Congreso de Campeche aprobó con 34 votos a favor y 1 en contra, las reformas al Código Civil que restringía el matrimonio como una “unión entre un hombre y una mujer”; ahora se lee así: “la unión entre dos personas”, abriendo la puerta para que la comunidad LGBT campechana pueda acceder a esta institución jurídica. Con ello, se da un paso adelante en la península, sin embargo, Yucatán sigue siendo una lamentable excepción en estos avances. Nuestra entidad continúa en esa oscuridad que ensombrece a la comunidad de la diversidad sexual yucateca rezagándolos como “ciudadanos de segunda clase”, frase empleada en el lenguaje anglosajón para referirse a un grupo que vive limitaciones de derechos que impiden el desarrollo equitativo de todos los integrantes de una sociedad.

Yucatán ha sido testigo de pequeños intentos para lograr un avance en esta materia; por ejemplo, el grupo parlamentario del PRD, en el año 2012, envió al Congreso local una iniciativa que pretendía ampliar la institución del matrimonio para poder abarcar la unión entre personas del mismo sexo; sin embargo, la iniciativa se encuentra en la llamada congeladora legislativa. Ante el Poder Judicial local tampoco existe un panorama favorecedor para a la comunidad LGBT yucateca, ya que en el año 2015 el grupo Indignación junto con otras organizaciones civiles, promovieron una Omisión Legislativa sobre el matrimonio igualitario; el recurso pereció en el intento, pero ante las derrotas, se expresaron comentarios como el del magistrado Hevia Jiménez quien reconoció que el tema es importante y debería construirse un consenso político.

Hemos visto que el poder legislativo y judicial local le han fallado de manera fundamental a la comunidad local en la tarea de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo se han comportando las máximas autoridades sobre este fenómeno? El ejecutivo estatal prefiere callar, omitir e ignorar el tema, dándole la espalda a los derechos humanos y al principio de no discriminación. En general, prefieren evadir el tema o proponer “soluciones” limitadas y respuestas efusivas, ejemplo de ello es el Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de la ciudad de Mérida, el cual no puede actuar o emitir ningún tipo de acción profunda y no posee un espectro estatal, lo que mina su acción para garantizar los derechos de la comunidad LGBT.

¿Por qué el tema de matrimonio igualitario (que ya está superado en el ámbito jurídico y social), continúa sin avanzar en nuestra entidad? Es lamentable que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos como la Codhey sea partícipe del silencio, ya que a diferencia de otras comisiones estatales como la del Distrito Federal o Campeche, que el año pasado interpuso una acción de inconstitucionalidad ante nuestro máximo tribunal contra una ley de sociedades de convivencia por considerarla discriminatoria, misma que resolvió en la Suprema Corte. Nuestra comisión local de derechos humanos falla como contrapeso; simplemente legitima las acciones u omisiones del ejecutivo estatal, un elefante blanco y débil que es cómplice en este panorama desalentador.

La renuencia de los actores políticos e instituciones de discutir o debatir sobre un tema imperativo para nuestra sociedad es un reflejo de su pob
reza intelectual.

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Mérida, Yucatán