Impunidad contra seguridad

René Ramírez Benítez.
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

La campaña Escudo Yucatán propuesta por el Ejecutivo estatal hace unos días, promete ser una medida trascendental para la vida jurídica y social del estado. Surge como necesidad de frenar el crecimiento exponencial de la delincuencia y como respuesta ante la crítica justificada de los ciudadanos por la inacción política. Sin embargo, algunas de las acciones que se proponen llegan ser contradictorias e incluso omisas sobre el génesis del problema.

La parte de cambios legislativos en esta campaña se centra en una serie de modificaciones al Código Penal del estado, el cual busca endurecer las penas, cambiando la clasificación de ciertos delitos simples a graves; lo cual significa que a quien se le acuse podrá ser merecedor de penas privativas de la libertad, como la prisión preventiva. Otra propuesta es la prevención social del delito, lo que, como su nombre indica, es una serie de políticas públicas encaminadas a evitar que se cometan transgresiones.

Ante estas medidas, es claro que existe una contradicción entre el endurecimiento de penas y la prevención del delito, que son políticas antagónicas. El problema no son las penas sino la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad en México, realizado por la Universidad de las Américas Puebla a principios del año, en términos globales, vivimos en un país donde sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos, de los cuales sólo el 1 por ciento son castigados. Como podemos ver, somos ciudadanos de una de las naciones con mayor impunidad en el mundo, situados en el lugar 58 de 59 países evaluados.

Siguiendo el mismo estudio, en nuestra entidad, 72.8 por ciento de los delitos quedan totalmente en el olvido, siendo éste uno de los mayores índices de este fenómeno. Otra situación preocupante es la falta de investigación sobre hechos posiblemente delictuosos, ya que sólo el 8 por ciento de las carpetas de investigación abiertas conducen a un proceso penal. Yucatán tiene problemas en la procuración de justicia y ver el aumento de penas como solución es ignorar el problema de fondo. La justicia en el estado es perezosa y sumamente lenta. Un ejemplo claro es la población carcelaria en el 2013, de la cual sólo el 16 por ciento ha recibido sentencia, por lo que tenemos una gran población en la prisión en espera de que las autoridades correspondientes revisen su caso y se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. El problema también envuelve a los cuerpos policiacos, ya que cuentan con 40 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán por violaciones a los derechos humanos, lo que supondría falta de preparación por parte de nuestras instituciones y cuerpos de seguridad. Ello desemboca en una cifra alarmante: el 94.6 por ciento de los delitos cometidos no queda registrado, por la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.

El alza a la penas no inhibe el problema y mucho menos lo soluciona; incluso podría agravarlo pues con una alta población carcelaria en espera de sentencia, clasificar más delitos como graves resultaría en un incremento de esta población. Autores clásicos del derecho penal, como Claus Roxin, han comentado que no podemos prescindir de penas altas para eliminar futuros hechos delictuosos. Es por ello que la prevención del delito es imperativa, igual que generar políticas públicas que abarquen problemáticas sociales, como la desigualdad, falta de oportunidades, entre muchos más, que son catalizadores de la violencia.

Sin embargo, y retomando el tema de impunidad, ésta sobrevive y persiste por los altos índices de corrupción, la debilidad institucional, la poca preparación de funcionarios públicos encargados de la procuración e impartición de justicia, la falta de voluntad política para generar soluciones. Es también preocupante la opacidad política en el Congreso para simplemente legislar sin reflexionar, con argumentos reduccionistas de la problemática de la violencia e inseguridad. Si nuestra clase política quiere combatir estos fenómenos, debe empezar por combatir la impunidad; no podemos seguir siendo la entidad donde no sucede nada.

Mérida, Yucatán
Miércoles 20 de abril, 2016

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