Camargo: implicaciones de una atrocidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no habrá “impunidad para nadie” en el caso de las 19 personas asesinadas e incineradas el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. El hecho de que 14 de las 16 víctimas a quienes se ha logrado identificar sean ciudadanos guatemaltecos, ha vuelto inevitables las comparaciones con la masacre perpetrada en agosto de 2010 en el también tamaulipeco municipio de San Fernando, donde integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron y abandonaron a la intemperie los cuerpos de 72 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos; todo con pleno conocimiento de elementos de las policías local y estatal.

Ante este nuevo ataque brutal contra quienes atraviesan el país en el intento de llegar a Estados Unidos, el mandatario señaló que la política migratoria de su administración busca precisamente proteger a los migrantes y evitar que queden a merced de grupos criminales, lo cual ocurre cuando se dispersan por el territorio nacional y llegan a zonas tan peligrosas como el norte de Tamaulipas. Cabe señalar, por lo demás, que si bien el presidente estadunidense, Joe Biden, ha prometido cambiar las políticas antinmigrantes implantadas en la administración de su antecesor, tal cambio no puede hacerse de la noche a la mañana y que le será necesario vencer muchas inercias institucionales antes de que logre establecer una nueva actitud migratoria en la frontera común con México.

Hasta ahora, 12 elementos del Grupo Especial de la Policía Estatal (Gopes), de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, han sido arrestados y puestos en prisión preventiva sin derecho a fianza por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Además, el episodio ha cobrado un cariz particular al trascender que tres de los 12 policías estatales que participaron en el crimen fueron capacitados en materia de derechos humanos por la Oficina Internacional Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La participación de esos tres uniformados en el crimen hace imperioso revisar la continuidad de los programas de capacitación impartidos a funcionarios y policías mexicanos por instituciones o empresas estadunidenses, pues resulta a todas luces ineficiente y, para colmo, no corresponde a las prioridades y el enfoque de combate a la criminalidad que hoy se busca establecer en México: pactados en el contexto de acuerdos como la Iniciativa Mérida, dichos programas responden a una visión de “guerra contra las drogas” que deshumaniza por igual a usuarios y traficantes de estupefacientes, sin distinciones entre líderes criminales y quienes se ven orillados a estas actividades por la pobreza. Tal enfoque tiene su centro de irradiación en Washington, ha sido adoptado por las derechas latinoamericanas y ha dado lugar a gravísimas y abundantes violaciones a los derechos humanos y a la descomposición de las corporaciones policiales.

Ciertamente, las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno requieren una intensiva y continua instrucción en materia de derechos humanos y de perspectiva de género, pero ésta debe impartirse de acuerdo con las necesidades, prioridades y énfasis legales vigentes en México. Las universidades y las organizaciones de la sociedad civil mexicanas pueden aportar especialistas plenamente acreditados para esa tarea, sin necesidad de recurrir al Departamento de Justicia, al de Estado, o a las entidades de seguridad de la nación vecina, en las cuales sigue imperando un modelo que en nuestra nación ha resultado trágico y desastroso.

Y así como la propuesta migratoria de Biden tardará un tiempo en volverse práctica gubernamental, el cambio de paradigma establecido por el presidente de México debe aún proyectarse a los ámbitos estatales, en muchos de los cuales siguen prevaleciendo, por inercia o convicción de la autoridad local, la lógica policial del contraproducente modelo de la “guerra contra las drogas”.

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Edición: Emilio Gómez