El proceso electoral 2021 es inédito en México, no sólo por los 21 mil cargos en disputa – en Quintana Roo serán 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117 regidurías y cuatro diputaciones federales–, sino porque el número de precandidatos por algunos partidos políticos también será el más alto y porque el método de las encuestas para definir a la o el candidato ha demostrado limitantes.
En Quintana Roo hay un aparente ambiente de cordialidad entre las personas interesadas en abanderar la candidatura del partido que abrió la posibilidad de registro de más de un aspirante al mismo cargo. Aún no hay disputas por la metodología o interpretación de la encuesta sobre la cual se tomará la decisión final, pero políticos experimentados no descartan ese escenario.
La decisión final de quién será la persona que resulte como candidato/a no es fácil. La encuesta en sí misma no puede ser el único criterio. Por ejemplo, en el caso de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum y Lázaro Cárdenas, considerados como municipios indígenas, deberán tomar en cuenta la decisión del expediente SUP-REP-31/2019 donde se emite la decisión de la Sala Regional de Xalapa: “para el próximo proceso electoral en Quintana Roo, el Organismo Público Local Electoral debe establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la desigualdad en la representación, para lo cual, con la debida oportunidad, se deben realizar los estudios concernientes e implementar las acciones afirmativas que sean aplicables”.
Además, está la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, SUP-RAP121/2020, del 29 de diciembre, que ordena al INE emitir los lineamientos que garanticen las postulaciones de indígenas a diputaciones federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, en 28 distritos electorales. Uno de ellos es el distrito 2 de Quintana Roo.
La anterior acción afirmativa, que obliga a que exista representación indígena, se suma a otras que implican representación de jóvenes y de mujeres. Así, la “repartición” de posiciones es un verdadero rompecabezas… si se respeta la ley y promueven acciones afirmativas.
¿Quiénes de los y las precandidatas registrados actualmente, por partido, cumplen con los requisitos de acción afirmativa? ¿Cómo puede una encuesta valorar estas acciones afirmativas?
El método de la encuesta, por otro lado, asume que los y las precandidatos son conocidas por la población que emitirá su opinión. No es el caso; actualmente no se sabe cuántos precandidatos/as están registrados por partido político. Las páginas del INE y del IEQROO no ofrecen esa información. Mucho menos está disponible el perfil o la propuesta de trabajo de precandidatos/as.
Para mitigar la falta de información del perfil y propuestas de precandidatos/as, ¿Por qué no impulsar debates públicos, en línea u otros medios, entre los precandidatos de un mismo partido? La alternativa es opacidad en la selección del candidato/a.
Con base en lo anterior no es difícil imaginar una reforma electoral que nos acerque al modelo de primarias como tiene Estados Unidos. En este modelo, integrantes del mismo partido votan en un proceso abierto y transparente, por el/la precandidata. Si bien hay que atender temas como el financiamiento de la precampaña, no es un escenario imposible de establecer después del ejercicio de las encuestas …y las inconformidades que conlleva.
Edición: Elsa Torres
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