Escudo y gastos en seguridad

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 18 de abril, 2016

Desde que Felipe Calderón, el ex presidente en guerra, decidió plegarse a las exigencias geopolíticas de George W. Bush y del Pentágono a través de la firma de la Iniciativa Mérida, nuestro país no ha cesado de adquirir nuevos equipos de guerra y espionaje, contratar asesorías de extranjeros para gendarmes y militares. Adquisiciones millonarias para un ejército y policías que no se preparan para una agresión exterior (no descartable, por cierto), sino para el control y represión de la población mexicana. Por ejemplo, en 2013 el gasto militar de México aumentó en 5.1 por ciento, según el Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo. En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto compró equipo militar a Estados Unidos por más de mil 300 millones de dólares. Entre los equipos se contaban 18 helicópteros UH-60M Black Hawk, con un costo de unos 680 millones de dólares. Según el informe La industria de la defensa y seguridad en América Latina 2014-2015, elaborado por Ana Victoria Suárez Jiménez, México ha gastado 2 mil 35 millones 822 mil dólares en armas y otros equipos para la milicia y los gendarmes, todo adquirido a Estados Unidos. Es decir, nuestra inseguridad es un negocio redondo para los vecinos, los que además medran con sus empresas en nuestro país sin problemas sindicales o sociales.

Todo este gasto en armas, vehículos y asesorías no se ha traducido en un país más pacífico, menos inseguro, menos violento, como lo estamos viendo ya inclusive en Yucatán, el famoso estado más seguro, según nos dicen todos los días, o bien menos inseguro. La realidad es que la inseguridad no ha cesado de escalar, en lo absoluto, aunque se maquillen las cifras.

El tema no es menor. Al cierre de la semana, en el Congreso del estado se aprobó por mayoría –con el único voto en contra de la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo- endeudar al estado con mil 500 millones de pesos con el pretexto de la seguridad y para la implementación, según se dice, del llamado Escudo Yucatán.

Escudo Yucatán, cuyo ícono o símbolo es un escudo medieval como el que utilizaban los cruzados en el medievo, forma parte de esta escalada en gastos militares y policiacos en nuestro país con la justificación del narco, de la inseguridad, del crimen, de resultados exiguos, por no decir nulos. Las razones son claras: los toletes, las metralletas, las nuevas patrullas, las cámaras de última generación, poco pueden hacer frente a un país en descomposición por el modelo económico fallido, pero también por la corrupción que desde dentro corroe a los cuerpos policiacos y al sistema de justicia; sin olvidar la corrupción y la impunidad de quienes gobiernan.

De tal manera, en sólo quince días se aprobó una serie de reformas y un presupuesto, que excluyó a la población del debate. La inseguridad nos preocupa a todos, pero se ha privilegiado el enfoque fundamentalmente policiaco para proteger los intereses de grupo, de clase. En pocas palabras, el escudo responde a las exigencias de las clases empresariales y de los inversionistas extranjeros que llegan a Yucatán. Los capitales exigen seguridad, y Roberto Rodríguez Asaf se propone como el interlocutor y candidato de esos grupos que tras la reforma petrolera se están convirtiendo en la única fuente de inversión. De lo que se trata es de asegurarles un clima favorable para los negocios transexenal a través de un efectivo control social, es decir, a través del Estado vigilante y policiaco.

Faltó una vasta discusión pública en el Congreso; en primer lugar sobre lo que auténticamente está ocurriendo en Yucatán en materia de inseguridad, en sus diversos niveles y expresiones. Una cosa es la violencia pandilleril en aumento en Mérida (aunque también en otros municipios), en particular en sus colonias del sur y comisarías, y otra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el narcomenudeo, el cibercrimen o las mafias que depredan el litoral yucateco y trafican con seres humanos a través de Yucatán, por citar algunos ejemplos.

Rondas de expertos, que hablaran franca e incómodamente del tema, y una explicación detallada de qué es el llamado Escudo Yucatán, más allá de la retórica oficialista sobre el tema hicieron mucha falta. También estuvieron ausentes del debate los estados de Quintana Roo y Campeche, dejando descubiertos los flancos.

Asimismo, las reformas propuestas por el Partido Acción Nacional en materia de anticorrupción no fueron explicadas con detalle a la población. En este tema, no nos engañemos, muchas reformas se han hecho en el país, pero ninguna ha logrado contrarrestar un problema que tiene que ver con la total, completa, impunidad de la clase política. Como dice Edgardo Buscagaglia, experto de la ONU, en México existe un pacto de impunidad entre la clase política, que mantiene paralizada a la justicia cuando se trata de procesar a políticos de cualquier partido.

Mucho se ha señalado en el país sobre la necesidad de que todo fiscal anticorrupción sea, para empezar, independiente no sólo del Ejecutivo sino del mismo poder Legislativo y Judicial, y que tenga capacidades investigativas y poderes para procesar a los corruptos. Por ejemplo, ¿qué tipo herramientas tendrá el nuevo vicefiscal yucateco anticorrupción? ¿Cómo se le dará la fuerza que necesita para investigar y, en su caso, procesar?

Dice Buscaglia que en México existe un vacío en el ataque a la corrupción política. Contra ella no hay un ataque sistemático en México. No existe la prevención social a la delincuencia organizada, como es dar trabajo a cientos de miles de jóvenes.

Buscaglia lo deja muy claro cuando señala que el gran ausente en la lucha a la corrupción es el sistema judicial mexicano: seguimos en un país sin Estado de derecho en la práctica, afirma.

Y sin éstos elementos, puntualiza, ningún país en el mundo ha logrado atacar a ningún grupo criminal. En todo el mundo hay crimen organizado, pero en México la reacción del Estado es nula.

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