Tabacón B. Linus

Tabacón B. Linus
La Jornada Maya

4 de abril, 2016

El gobierno del estado quiere invertir en su estrategia de seguridad pública (Escudo Yucatán) mil 500 millones de pesos. El gobierno dice que la suma es cuantiosa, pero que vale la pena y no desestabiliza las finanzas públicas presentes ni las futuras. Quienes empiezan a cuestionar el proyecto –como está concebido en su parte financiera y operativa, no en sus objetivos de consolidar la seguridad pública- dicen que es mucho dinero y no está claro cómo se aplicarán los recursos.

Dicen también los opositores en ciernes, que recursos públicos que se destinaron al Centro de Convenciones, el nuevo edificio del Congreso y otros proyectos similares, debieron haberse destinado prioritariamente a temas de seguridad pública, y de esa forma no hubiera existido necesidad de buscar esquemas financieros adicionales para pagar por Escudo Yucatán. Revisemos esos puntos.

Primero. El Producto Interno del Estado, según el último dato oficial de INEGI, es de 247 mil millones de pesos. Invertir mil 500 millones adicionales en seguridad es invertir apenas el 0.6 por ciento de los recursos del estado en un tema prioritario (ni siquiera representan un 1 por ciento del PIB estatal). Entonces, para la economía de Yucatán, la inversión es realmente pequeña y, en contraste, los rendimientos socioeconómicos que puede dar son enormes.

Yucatán está atrayendo industrias, inversiones y capitales a su territorio no por su especial localización geográfica o activa política de fomento económico. No seamos ingenuos. Yucatán está atrayendo inversiones e industrias por dos factores muy mundanos y concretos: seguridad y sistema educativo. Las empresas saben que no tenemos buenas conexiones por tren, que el Puerto de Altura de Progreso se está quedando obsoleto, que hay desabasto de gas y muchas deficiencias más, pero si hay seguridad y un sistema educativo y científico que genera buena mano de obra, muchas empresas vienen y se quedan. En ese contexto realista, la inversión del gobierno del estado es acertada no sólo en materia de seguridad pública, es acertada cómo política de desarrollo.

Segundo. Los recursos con los que se está construyendo el Centro de Convenciones, el Centro de la Música y los nuevos espacios de justicia, son recursos claramente etiquetados para ese tipo de inversiones. En su abrumadora mayoría no salieron de las arcas estatales, son recursos federales que se gestionaron de forma específica para esos proyectos. Las mencionadas obras públicas en el centro de Mérida podrían no estarse haciendo, y aún así el gobierno estatal tendría que estar buscando opciones de financiamiento para su estrategia de seguridad pública. Son ramos de gasto absolutamente distintos y no transferibles. Decir lo contrario no es serio.

Tercero. Los recursos con los que se pagaría el proyecto Escudo Yucatán provienen de fondos federales rutinarios. No son las famosas y para muchos “sagradas” participaciones, que tradicionalmente se usan para apalancar o garantizar deuda pública directa. El gobierno del estado lo que está haciendo es pedir un adelanto de los recursos que sabe que por ciertos programas le van a llegar en los próximos 12 años, para ejercerlos de un solo golpe.

Algo muy interesante es que buena parte de los mil 500 millones que el gobierno piensa pedir adelantados, provienen de un programa denominado FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en el siempre gris lenguaje burocrático), que es un programa cuyos recursos se pueden usar de manera muy flexible y, por tanto, generalmente se diluyen en gasto público estatal para pagar intereses de deuda y aportar recursos a los famosos programas de [i]paripasu[/i] en distintas áreas como el sector agrícola y social. Al comprometer los recursos del FAFEF para el proyecto de seguridad, el gobierno indirectamente se está apretando el cinturón en su gasto administrativo y en el gasto de programas asistenciales y de subsidios, lo cual puede ser positivo.

Hasta aquí lo propuesto por el gobierno estatal suena razonable y creíble, pero nunca falta el negrito en el arroz. ¿Recuerdan que el gobierno del estado eliminó la tenencia para los vehículos con un costo mayor a los 300 mil pesos? Bueno, pues ese impuesto generaba ingresos anuales por 220 millones de pesos y su eliminación tiende a favorecer a los sectores económicos más privilegiados, sectores que siguen usando autos de lujo con placas de Quintana Roo sin que se les llame al orden.

No sería una idea descabellada reinstaurar la tenencia para autos de lujo y con esos recursos, que el mismo Congreso del Estado -por ley- destinaría al estricto pago de iniciativas de seguridad pública, financiar Escudo Yucatán. De esa forma, se pediría el adelanto de recursos por mil 500 millones, para hacer una inversión profunda y seria que nos blinde en el tema de seguridad, pero el adelanto se pagaría año con año con lo que genere una nueva tenencia vehicular etiquetada a un fondo estatal de seguridad. De esa forma, quienes más gastan en lujos, quienes más ostentan, apoyarían la seguridad de todos. Sería un tema de justa redistribución de la riqueza y de transparencia absoluta en el uso de impuestos ¿Por qué no?