Mérida, bienvenida a México

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

23 de febrero, 2016

Mérida está saliendo de sus vacaciones del contexto nacional. El récord de homicidios, el aumento de delitos con violencia y a plena luz del día lo confirman. Y no es culpa de los “fuereños”, como se acostumbra explicar de manera injusta y sosa. La violencia que empieza a brotar en la ciudad es producto de un municipio capitalino y un estado que no logran abarcar sus propios territorios, y que si lo hacen es con una efectividad discriminada. Hablo de “la ciudad” no por un dejo centralista, sino porque muchos de los otros municipios de Yucatán han sido más conscientes de este proceso de descomposición social que, en gran medida, tiene su origen en el déficit de igualdad en el ejercicio de derechos.

La violencia a manos de agentes ilegales no puede ser entendida únicamente bajo la lógica de avaricia en manos desalmadas. El mal no es la caricatura de un villano con sombrero de copa, capa negra y bigotes largos, frotándose las manos mientras amarra a la doncella a las vías del tren. La desigualdad, la falta de presencia y respuesta de las instituciones, la polarización social y la discriminación generan un quiebre en la confianza de importantes sectores de la población hacia el sistema. El mal se banaliza, en términos de Hannah Arendt, porque el contexto aporta motivos (injustificados, pero efectivos) para satisfacer las ausencias del Estado a través del no-Estado.

Hace una semana, los medios dieron cuenta de la historia de Evelio Herrera Hu, maya de 76 años que después de ser golpeado por un coche de lujo fue detenido para hacerlo pagar el daño. Si bien el asunto fue resuelto y Herrera Hu se encuentra libre, el caso es un botón de muestra de la dinámica de desigualdad y exclusión que se ejerce ya no desde las autoridades, sino de un sector de la población a otro. Es bajo esa misma lógica que los habitantes del norte de Mérida ven con orgullo y esperanza el florecimiento de edificios, fraccionamientos y obras de inversión, mientras les es indiferente el desalojo de campesinos y el poco apoyo a la agricultura, la pesca y otros sectores que alimentan a miles de familias. El “regalo” de 156 hectáreas que comprenden casi la totalidad del municipio de Ucú a un joven de 26 años parece no alarmar en la milpa urbana.

Donde hay hambre y desigualdad no hay espacio para la paz social. La violencia de grupos ilegales es también ideológica: si no hay oportunidades, no hay de otra; si no hay respuesta del Estado, la justicia y la sociedad, entonces no hay razones para que yo dé respuesta; si todos ven por sí y por los suyos a costa de los otros, no pueden culparme por adherirme a las reglas del juego.

Y también hay un origen desde arriba. Son los sectores con mayor poder económico y político los que fomentan las fallas estructurales en el Estado de derecho. El resultado no suele importarles mientras en el norte de la ciudad el paso deprimido pueda seguir portando las letras de “Ciudad de la paz” sin parecer un sarcasmo del tiempo.

No será una mayor inversión en cuerpos de policía la que podrá revertir las cifras que van en aumento, sino una mayor inversión y fortalecimiento en los aparatos de justicia, así como verdaderas políticas públicas (que tanto han estado ausentes) que busquen cumplir los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Constitución de Yucatán. Nos ha pasado lo que al resto del país: confundimos Estado de derecho con inversión, sustentabilidad con crecimiento e indicadores de resultados con fotografías para informes.

Twitter: @kalycho