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Editorial

Durante la presentación del Programa de Mejoramiento Urbano 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló algunos de los saldos más nefastos del neoliberalismo en las políticas de vivienda de las administraciones pasadas: sólo en lo que respecta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existen 600 mil departamentos abandonados en unidades habitacionales, de los que hasta 84 por ciento podrían ser irrecuperables porque éstas fueron construidas en zonas de alto riesgo.

El mandatario advirtió que debe ponerse “punto final” a las prácticas de corrupción que permitieron la construcción de unidades habitacionales en zonas apartadas, de alto riesgo, carentes de servicios, “en donde nunca se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud” y que se encuentran a más de dos horas de camino de los centros laborales, por lo que resultan inaccesibles para trabajadores que no cuentan con automóvil. Según indicó, tales proyectos no buscaban responder a las necesidades sociales, sino al propósito de “beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de servidores públicos” mediante la compra de terrenos a bajo precio donde se construían casas de apenas 30 metros cuadrados.

Aunque se trata de datos atroces, suponen apenas la punta del iceberg del escandaloso manejo del sector de la vivienda de interés social durante los sexenios recientes. En 2017, el diario estadunidense Los Angeles Times documentó minuciosamente la corrupción generada cuando los gobiernos federales panistas se asociaron con desarrolladores privados para construir unidades habitacionales en todo el país a un costo de 100 mil millones de dólares.

 

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Las irregularidades encontradas en todas las fases de este proceso –desde la adjudicación de los contratos hasta la entrega a los residentes– son sencillamente incuantificables, pero entre ellas pueden mencionarse la construcción en humedales, márgenes de ríos y laderas inestables; la rescritura de leyes de zonificación para permitir que se levantaran edificaciones inhabitables; la entrega de viviendas indignas de tal nombre por carecer de drenaje, agua potable o energía eléctrica; la venta de desarrollos inconclusos (199 de los 235 iniciados en el Estado de México entre 2005 y 2012 permanecían sin terminar en 2017); el fraude abierto al presentar a los compradores de casas modelo que guardaban poco o ningún parecido con las que adquirían, o la absoluta carencia de control de calidad que hizo que colapsaran edificios con apenas cuatro años de antigüedad. No exageró López Obrador al hablar de casas de 30 metros cuadrados: el Times encontró que durante los mandatos de Fox y Calderón se levantaron un millón de viviendas de estas dimensiones, descritas por el rotativo como “más pequeñas que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos”. Para colmo, el diseño de los créditos otorgados para comercializar las unidades dejó a los trabajadores atados al pago de un inmueble que no pueden habitar, mientras los intereses y la inflación vuelven imposible el pago del préstamo; llevando a que muchos abandonen sus trabajos formales para evitar los descuentos forzosos en nómina.

Tal panorama deja claro que no sólo debe ponerse punto final a estas prácticas, sino dar cuenta de las irregularidades consumadas a la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue y se deslinden responsabilidades, tanto de los funcionarios que las impulsaron o solaparon como de los empresarios que se vieron beneficiados por este cúmulo de daños al erario y a los ciudadanos. Si la impunidad es inadmisible en cualquier ámbito, resulta doblemente agraviante cuando se trata de quienes abusaron de las expectativas de mejoría de millones de personas que, ante el déficit de viviendas, se ven obligadas a habitar en contextos de hacinamiento y carencia de servicios elementales.

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Edición: Emilio Gómez

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