Bienestar colectivo

El poder judicial de México no se ha caracterizado por una actuación pronta, expedita, igualitaria y transparente, lo cual le ha generado desprestigio, poca credibilidad y desconfianza de los mexicanos.

El interés público, el bienestar colectivo son preponderantes en las democracias. El filósofo francés Pierre Bayle señalaba que “no hay nada más insensato que razonar contra los hechos”. En los hechos contundentes, la reforma energética de Enrique Peña Nieto está marcada por el desmantelamiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, prohijando la corrupción, la impunidad, la entrega de la estratégica soberanía en la materia a privados nacionales y extranjeros, cuyos intereses son el lucro desmedido mediante contratos muy ventajosos a su favor en detrimento de las finanzas y el patrimonio de la Nación.

Nadie está en contra de quienes hacen negocios y asumen los riesgos de su actividad, pero es inconcebible que empresas energéticas nacionales y extranjeras muy poderosas, como las españolas Iberdrola y Repsol, tengan garantizadas sus utilidades en contratos leoninos de muchos años, que quieren eternizar en perjuicio del país. El escándalo de los contratos de Odebrecht son otro ejemplo.  

Revertir esa nefasta reforma peñista es echarse de enemigos a todos sus poderosos beneficiarios protegidos por el andamiaje neoliberal construido durante varios años, lo cual implicó modificaciones a las leyes y la creación de juzgados administrativos de competencia económica. La nueva ley de la industria eléctrica encaminada al fortalecimiento de la CFE y lograr la soberanía en la materia es un paso fundamental. La ley de la industria eléctrica propuesta por el Presidente legítimo de México elegido por voluntad de la inmensa mayoría de los mexicanos, avalada por el Congreso de la Unión, además publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue suspendida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro mediante amparos concedidos a empresas privadas, en unas horas, y ahora también por su homólogo del juzgado primero en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin un estudio que avalara que las corporaciones generan energías más limpias y  baratas. El barón de Montesquieu, en El espíritu de las leyes, establece la división de poderes, fija los tres tipos de gobierno fundamentales: la República, la monarquía y el despotismo, subrayando que la república tiene como principios el amor a la patria y a la igualdad. En México muy pocos pueden acceder a la “industria de los amparos”. Tampoco es pronta y expedita la justicia sin dinero ni relaciones con poderosos. Muchos pobres, indígenas, ecologistas, luchadores sociales, permanecen en prisión sin sentencia o sentenciados injustamente. ¿Cuántos integrantes del poder judicial tienen amor a la patria y a la igualdad? Definitivamente no están por encima de la soberanía del pueblo.

En lo local

En Quintana Roo, el escándalo de las pruebas falsas para detectar Covid-19, presuntamente aplicadas a jóvenes argentinos en Cancún, debe ser manejado con sensibilidad y eficiencia que disipe todas las dudas, aplique sanciones severas a los implicados y garantice que es un hecho aislado que jamás se repetirá. El aumento de las operaciones aeroportuarias en Cancún es una excelente noticia para la economía de la entidad y no puede ponerse en riesgo. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima! 

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