Honduras: descomposición e impunidad

La fiscalía del distrito sur de Nueva York declaró que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “quería acceso a la cocaína” del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, con quien se habría reunido cuando era candidato a la presidencia en 2013, pero también en fecha tan reciente como 2019.

De acuerdo con el fiscal Michael Lockard, Hernández recibió sobornos de Fuentes Ramírez, fue socio de un laboratorio de cocaína que fabricó toneladas de droga para enviarla a Estados Unidos e incluso dio instrucciones para que el supuesto capo entablara conversaciones con altos mandos del ejército con la finalidad de lavar dinero. Otro testigo en el juicio confirmó las reuniones entre el entonces candidato y Fuentes, así como la entrega de los sobornos a cambio de protección.

Los señalamientos hacia el mandatario hondureño no son nuevos. En octubre de 2019, su hermano Juan Antonio, Tony, fue hallado culpable de los cuatro cargos de los que era acusado en Nueva York, incluidos tráfico de cocaína a Estados Unidos, falso testimonio y posesión de armas de fuego. En ese momento se indicó que Tony pudo traficar 185 toneladas de droga en total impunidad gracias a la protección de Juan Orlando Hernández, durante cuyo gobierno ocupó un escaño en el Congreso (2014-2018).

El narcotráfico no es la única actividad delictiva que gravita en torno al presidente derechista. Tanto en las elecciones que lo llevaron al poder en 2013 como en las que le permitieron relegirse en 2018, hubo innumerables irregularidades y pruebas sólidas de alteración de los resultados. En 2013, el juez español Baltazar Garzón, quien formó parte de una delegación internacional de 11 observadores, declaró: “por unanimidad”, constatamos que hubo claros indicios de manipulación y de fraude electoral.

A Hernández también se le ha señalado como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder indígena defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. En 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras determinó que los asesinos materiales fueron contratados por ejecutivos de Desa, empresa que construía una hidroeléctrica en el territorio del pueblo lenca, al cual pertenecía Cáceres, pero persisten las sospechas de que no se ha investigado a todos los implicados.

Para entender esta trayectoria, debe recordarse que Hernández forma parte de la oligarquía hondureña que ha mantenido un férreo y sanguinario control sobre el país gracias a su vasallaje incondicional a los dictados de Washington, y que en lo personal es uno de los principales herederos del golpe de Estado contra el presidente Juan Manuel Zelaya en 2009, después del cual la clase política ha seguido un camino de descomposición inocultable.

En este contexto habrán de celebrarse los comicios presidenciales en esta nación centroamericana el próximo 28 de noviembre. Sería muy preocupante que las prácticas fraudulentas exhibidas en el pasado vuelvan a desplegarse para garantizar impunidad a un político cercado por múltiples indicios de actuación criminal.

[email protected]

Edición: Emilio Gómez