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Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 19 de diciembre, 2018

Todavía no hay suficiente información pública para aclarar el impacto que tendrá el recorte presupuestal de mil millones de pesos para la cultura en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. De entrada, la noticia suena a un déjà vu de años anteriores, aunque éste sea peor, pues se trata del recurso más bajo que ha tenido la cultura en los últimos 12 años.

Ante esta alarma salieron los artistas y promotores de cultura, incluídos los de Yucatán, con el hashtag #NoAlRecorteDeCultura y los funcionarios de secretarías de estado e instituciones, lideradas por Delio Carrillo Pérez, Secretario de Cultura de Campeche, para formar la Asociación Mexicana de Secretarios y Titulares de Cultura que advierte un abandono a las políticas culturales y exige el presupuesto del Programa Subsidio Piso de 34 millones de pesos que tenían los estados.

En el 2016, cuando Alejandra Frausto (actual secretaria de Cultura) era la directora general de Culturas Populares, presumió el acceso a recursos del Programa Subsidio Piso que estaba en 16 estados y pasaría a abarcar 31. En la entrevista boletinada por la propia Secretaría de Cultura, afirman que a partir de este subsidio se crearon 62 colectivos más de teatro, coro y fotografía y esperaban terminar con 20 mil jóvenes atendidos de forma permanente. La petición de los secretarios del ramo no debería ser, entonces, descabellada para la instancia federal.

La SC dijo en un comunicado emitido este 18 de diciembre que el recorte venía “de las partidas administrativas que corresponden al plan de austeridad que se ajustaron en todas las dependencias”. Más aún, apunta algo que no se ha mencionado del todo en las críticas y artículos sobre el recorte: el despilfarro de dinero que ha existido desde siempre en la función de escritorio en la cultura.

“Las reducciones principales en el presupuesto de cultura corresponden a los rubros de: duplicidad de funciones (-2.1 por ciento), de materiales y suministros (-9.3 por ciento), de servicios generales (-5.8 por ciento), éste último rubro incluye rentas onerosas, contratos de vehículos, gastos superfluos y privilegios de altos funcionarios”, escribe la dependencia.

En un reportaje publicado por este rotativo en junio del 2018, dimos a conocer que el 49.49 por ciento (110 millones 832 mil 17 pesos) del presupuesto de Secretaría de Artes y Cultura de Yucatán (Sedeculta) en el 2017 se destinó a “Servicios personales”, en comparación del 1.03 por ciento (2 millones 874 mil 231 pesos) destinado a los proyectos estatales de cultura. Hasta ahora, la titular de Sedeculta, Erica Millet Corona, no se ha pronunciado de manera oficial al respecto del recorte.

Por ello es necesario ver a la Asociación Mexicana de Secretarios y Titulares de Cultura, que representan a 22 estados (tampoco hay suficiente información sobre este nuevo organismo, ni cuáles son todos los estados que lo conforman), no sólo como un grupo de defensores de la cultura sino también como funcionarios que están peleando por sus intereses.

Aunque la SC dice que el presupuesto para las actividades culturales creció en un 52 por ciento, “cuyo ejercicio será beneficioso para los artistas, creadores y colectivos culturales de las comunidades”; Arturo Saucedo, especialista en legislación cultural, critica que no existan recursos para el Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales. Otros analistas señalan la preocupante concentración del presupuesto en la dirección de Vinculación que recibirá 589 millones de pesos más.

Otros argumentos lejanos en comprensión de qué es la cultura y para qué sirve, aseguran que son más importantes otras secretarías como Previsión Social o Bienestar. “¿Quién quiere ir a ver una obra de teatro si no ha comido o no ha pagado la renta?”, escribe un usuario de Facebook. Éste argumento es otra muestra del fracaso de las políticas culturas que provocan que el público (para quien se destina realmente todo proyecto de cultura) sea incapaz de ver al sector más allá de un espectáculo, un lujo o entretenimiento de fin de semana. Que los únicos interesados en el presupuesto sean los artistas y no el público o beneficiario de algún taller o programa de desarrollo social y cultural, es gravísimo.

En Mérida, el nombramiento de Lucina Jiménez como titular del Instituto Nacional de Bellas Artes fue recibido como una buena noticia. La ciudad forma parte de la Agenda 21, un proyecto del cual Jiménez es especialista y existe ya una vinculación de trabajo entre ella y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. De acuerdo con lo que se ha compartido en medios nacionales, el INBA tendría un recorte de 176. 5 millones de pesos.

Aunado a la petición de duplicar el gasto en cultura del .21 al .42 por ciento debería estar también una propuesta de cómo gastar y a dónde enviar ese aumento en el presupuesto. Estas son las dos consignas que, considero, debería de enfatizar la petición de los artistas y la “rebelión” de los funcionarios de cultura.

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