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Gabriel Aarón Macías Zapata
Foto: Víctor Hugo Valdivia
La Jornada Maya

Jueves 29 de noviembre, 2018

Ante la creciente violencia que se experimenta en algunas regiones del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un plan de pacificación en el que sobresalen algunas disyuntivas y paradojas, propias de una situación en la que en algunas zonas de la nación el Estado prácticamente ha perdido presencia y en otras es cuestionado por su ineficiencia para controlar al crimen organizado.

La principal disyuntiva que se presenta estriba en la militarización o no del proceso de pacificación, toda vez que la institución castrense ha sido rechazada no solo por afectar en ocasiones a los derechos humanos, sino porque además supone el desplazamiento de las autoridades civiles y a sus policías en el combate de la inseguridad.

No obstante, la fuerza del armamento del crimen organizado conduce a la paradoja de que sólo el ejército tiene la capacidad de hacer frente a este flagelo. Bajo esta visión, se llega al convencimiento de que el Estado no puede asegurar la legalidad ni reconstruir la paz sin la intervención de las fuerzas armadas.

Parece que ambos factores tendrían una solución conciliadora mediante la Guardia Nacional, y que, según la Iniciativa presentada por los diputados de Morena; esta fuerza será “encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses”. Aunque se ha dicho que el combate del crimen organizado en manos del ejército y la marina ha fracasado, lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos, tampoco ha tenido un eficaz resultado la creación de cuerpos policiacos confiables de cualquier nivel: municipal estatal y federal.

Tal parece que la urgencia del caso no puede esperar hasta que la deseada profesionalización de las policías lleve a buen término; pues en este momento las instituciones militares son las únicas que tienen el personal, los elementos para capacitar a los futuros integrantes de la institución, la fuerza castrense y las instalaciones requeridas para conformar la Guardia Nacional a partir del 1 de diciembre, tras la toma de protesta de AMLO como presidente. Siendo así, los elementos que la conforman tendrían un carácter mixto (civil y militar), compuesto por la Policía Federal, Militar y Naval, además de convocar a civiles para engrosar sus filas.

No hay duda de que esta herramienta será para AMLO uno de los elementos que pondrá en marcha para impulsar un proceso de justicia transicional; es decir, como parte de los mecanismos y las acciones asociadas con los intentos para resolver los problemas derivados de una situación de abusos y violencia a gran escala, con el objetivo de imponer la justicia y lograr la recomposición del tejido social y la reconciliación.
Los otros factores que contribuirán a resolver la crisis de inseguridad y violencia se ubican en los ámbitos jurídico, económico, social, educativo y de salud. A saber, la amnistía para quienes han sido obligados a participar como soporte del narcotráfico restará elementos surgidos de la sociedad al crimen organizado.

Se entregarán becas a jóvenes, segmento social que ha engrosado las filas del narco. La despenalización del uso de la marihuana con fines lúdico y médico, hará perder al narcomenudeo un importante mercado; entre otros factores que seguramente se pondrán en marcha. Con esto AMLO intenta combatir no solo los efectos de la violencia, sino además las causas que la originan.

Se pretende que, al igual como hizo Felipe Calderón cuando declaró la guerra al narco, que el apoyo castrense a esta lucha sea temporal; sin embargo, la diferencia es que el anterior gobierno no atacó a las causas sociales del problema. Para ello se revisarán los resultados cada tres años, con el fin de valorar la permanencia de las fuerzas armadas.

Para atenuar la militarización en la lucha contra el narco, se plantea que la Guardia Nacional se desempeñe bajo parámetros de conducción civil y que en delitos federales actuará como auxiliar del Ministerio Público, bajo el mando y conducción de éste. A diferencia de los miembros del ejército, aquellos de la Guardia Nacional que cometan un ilícito al cumplir sus funciones, serán juzgados por el fuero civil y no por el militar.

La presencia militar en el proceso de justicia transicional viene a cubrir otro aspecto necesario: la obligación del Estado de impedir que las atrocidades continúen repitiéndose mientras se establece la pacificación y, sobre todo, evitar que vuelva a producirse en un futuro.

El éxito que tenga el apoyo del resto de las medidas sociales, jurídicas y económicas podrá determinar la duración de la presencia de la Guarda Nacional; aspecto que nos conduce a otra paradoja: la militarización temporal es necesaria para inducir a la desmilitarización del país.

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