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La Jornada Maya
Foto: Infoqroo

Miércoles 7 de noviembre, 2018

Los paros arbitrarios, aquellos que no siguen los procedimientos legales, con mayores agravantes cuando se trata de servidores públicos, desvirtúan las razones y causas que pudieran tener, y atentan contra la institucionalidad y el Estado de derecho afectando a toda la sociedad, a la cual tienen la obligación ineludible de servir. No existe, ni puede ni debe existir, ningún interés, por genuino que sea, que se anteponga a los intereses de la sociedad en su conjunto.

En el caso específico de los servidores públicos, la cosa es mucho más grave si consideramos además que les pagan con recursos del pueblo. El paro realizado por algunos elementos de la policía municipal de Benito Juárez desde el lunes, del cual se deslindaron los agentes de tránsito y de la policía turística, se asemeja más a un motín con sus tintes de violencia al sacar a empellones al encargado de la corporación municipal, Jesús Pérez Abarca, sin tomar en cuenta el marco de la ley.

No habían presentado ante la presidente municipal Mara Lezama algún documento con sus quejas y demandas con algunas evidencias, ni ante la Contraloría, Asuntos Internos o la Comisión de Derechos Humanos. Ningún pliego petitorio que hubiera sido ignorado y alimentado con eso la desesperación.

El motín mostró un grupo violento que, más bien, parece defender intereses de un autogobierno al interior de la corporación, los cuales no parecen tener relación con la protección de la integridad física y el patrimonio de los cancunenses.

El tema de la seguridad pública de Cancún es álgido con el incremento de los niveles de violencia. A la fecha, el principal destino turístico de México ya acumula más de 480 homicidios, más los robos, asaltos y ahora los secuestros.

Los policías amotinados tienen la obligación de explicar porqué han permitido la descomposición social y presentar las evidencias que tengan para enderezar el rumbo y devolverle al municipio Benito Juárez la tranquilidad y la paz.

No es posible explicar el incremento del cobro de derecho de piso a cargo del crimen organizado, sin algún grado de participación de todas las corporaciones, las cuales ignoran las solicitudes de auxilio de los afectados, abandonados en la indefensión y obligados a pagar esa ignominiosa carga permitida por la corrupción y la impunidad.

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