Paga lo que debes

Jesús Hernández Martínez
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Miércoles 31 de octubre, 2018

La insolvencia financiera municipal es un mal nacional que tiende a crecer y de la que también padecen los 11 municipios quintanarroenses. Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco se encuentran entre los 30 municipios de todo el país con las deudas más altas.

Unos más y otros menos, los otros siete también arrastran añejas e históricas deudas públicas -que influyen directamente en su insolvencia financiera- y lo peor es que por ahora no tienen de dónde echar mano para cubrir sus más urgentes pagos.

El mismo problema tiende a convertirlos en ineficientes, en cuanto a los servicios básicos que tienen obligación de ofrecer a la sociedad. Del problema no se avizora ninguna solución al menos en el corto y mediano plazo.

De hecho, aunque en los 11 municipios sus autoridades enfrentaron serios problemas al iniciar las actuales administraciones, y algunos incluso paralizaron parcial o totalmente sus actividades, en Othón P. Blanco fue más visible la situación que aún no se ha resuelto, ya que “desaparecieron” los volquetes que se encargaban de recoger la basura, y una decena de los camiones que acarrean la caña de azúcar del campo al batey del vecino ingenio San Rafael Pucté, auxiliaron en esas tareas en Chetumal, pero quienes requerían de sus servicios tenían que aportar una cuota.

Según varias fuentes, oficiales y extraoficiales, hasta mediados de este año, la deuda pública de la administración municipal de Benito Juárez era de mil 141 millones de pesos; la de Solidaridad, de 708 millones; la de Othón P. Blanco, de 430 millones; y la de Cozumel, de 423 millones. Esas son las cuatro deudas municipales más altas a pesar de que, cuando menos tres, mantienen una alta actividad turística que, supuestamente, deja una buena derrama económica.

Es costumbre que, al iniciar las nuevas administraciones municipales, las autoridades que inician con sus trabajos oficiales les echen la culpa a sus antecesores del saqueo de dinero y bienes, pero la mayoría de las deudas sólo las acrecentaron los más recientes funcionarios, siempre con la anuencia de los respectivos cabildos. El inicio de la contratación de créditos es tan antiguo como las administraciones municipales.

Dado que desde hace más de 25 años se viene hablando de austeridad, las administraciones municipales anuncian desde su inicio el despido de trabajadores, y lo hacen, pero contratan a un número igual o mayor pues también es costumbre emplear a quienes colaboran en las campañas electorales.

El mayor de los ingresos propios de las administraciones municipales es el impuesto predial que no cubre ni el 10 por ciento de sus egresos; en general los municipios reciben el 90 por ciento o más de sus egresos de la federación y del gobierno del Estado. Además, deben ir amortizando sus deudas que en todos se suman la de proveedores particulares.

El panorama no es nada atractivo y, entre la gente se cuestiona el porqué del interés de muchos de llegar a una presidencia municipal. Lo cierto es que los sueldos de los cargos más altos son atractivos -varían en cada municipio-y de éstos hasta la fecha no se suspende el puntual pago. La obra pública no es prioridad de los alcaldes ni de sus cabildos y, aunque algunos no lo crean, todavía hay políticos trasnochados que pretenden promover la creación de más municipios.

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