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Normando Medina Castro
Foto: Archivo histórico de la UNAM
La Jornada Maya

Jueves 4 de octubre, 2018

A 50 años, La matanza de Tlatelolco se ha convertido en un ritual doloroso para no olvidar y para exigir justicia y no permitir los mismos crímenes, lo cual parece tarea pendiente a la luz de Ayotzinapa y las miles de desapariciones y de asesinatos que siguen ocurriendo en nuestro país sumido en la barbarie de la violencia y la impunidad.

En su Memorial de Tlatelolco, la poetisa Rosario Castellanos dice: “Recuerdo, recordamos. Esa es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el resto amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros”. A la luz de los hechos, parece que la justicia todavía no se sienta entre nosotros.

Luis Echeverría Álvarez, era secretario de gobernación el 2 de octubre de 1968 cuando ocurrió la matanza de estudiantes, e incluso, expresó públicamente que él, de manera ilegal –porque es facultad exclusiva del presidente–, solicitó la intervención del ejército que desembocó en el genocidio. El Presidente de México 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad posteriormente y, premió la lealtad de Echeverría que, el 8 de noviembre de 1969 fue proclamado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional para ganar las elecciones y asumir el cargo para el periodo 1970-1976.

El gobierno de Luis Echeverría estuvo marcado por la guerra sucia , la matanza del jueves de Corpus Christi de 1971, la primera gran devaluación del peso y el exorbitante endeudamiento. El gobierno del Panista Vicente Fox creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que indició al ex presidente Echeverría por las matanzas de Tlatelolco y de jueves de Corpus. No recibió ningún castigo. Siguió cobrando su millonaria pensión y en el gobierno del también Panista, Felipe Calderón, un tribunal federal decretó su libertad absoluta y lo exoneró. Muchos familiares de personas desaparecidas en el 68 siguen en la incertidumbre. La justicia todavía no toma asiento a su lado y a juzgar por la impunidad que prevalece en nuestro país, ya ni la silla le han dejado.

El primero de octubre se cumplieron 29 años de la muerte de Manuel Cloutier en un accidente vehicular que dejó muchas dudas y despertó muchas sospechas dado su papel de férreo opositor al régimen que presidía, Carlos Salinas de Gortari, luego de unas elecciones denunciadas como fraudulentas por los demás candidatos entre los cuales estaba Maquío como abanderado del PAN. El político sinaloense era un hombre de ideales, de principios y valores que defendía, hasta con fiereza, y sin claudicar. Solo la muerte frenó su activismo político que, al paso de los años, su hija Tatiana parece asumir con la misma entereza.

No dejó de causar sorpresa el nombramiento de la ex presidente municipal de Othón P. Blanco, María Luisa Alcérreca, como tesorera general del estado, cuando apenas entregó la administración othonense en medio de numerosos cuestionamientos. En la visión de los tomadores de decisiones del gobierno estatal al parecer merecía un ascenso. Las deudas que heredó a su sucesor de Morena, Hernán Pastrana, la deteriorada imagen urbana, los deficientes servicios públicos, la economía capitalina sin circulante y además con las restricciones a los visitantes beliceños, más un largo etcétera de problemas ignorados. El regidor del Partido Encuentro Social (PES), Manuel Valencia Cardín apenas asumió el cargo en el municipio Othón P. Blanco exige que Luis Torres y María Alcérreca rindan cuentas claras “porque dejaron un Ayuntamiento en ruinas”. Luis Torres inició la administración municipal anterior al ganar las elecciones con la alianza PAN-PRD, pero abandonó el cargo para contender en las elecciones pasadas por una diputación federal que, a la postre perdió por amplio margen. Su sustituta en la presidencia municipal fue su copartidaria del PAN-PRD María Luisa Alcérreca.

Luego de un inicio agitado por la falta de acuerdos con su cabildo, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana ya tomó el control y las cosas parecen caminar en la normalidad institucional. Con tantos problemas de trabajo heredados es fundamental que las nuevas autoridades municipales capitalinas eviten confrontaciones al interior y mejor dialoguen, discutan, argumenten y se escuchen unos a otros. Todo dentro del marco de la ley. La cerrazón denigra la actividad política que debe ser la actividad más civilizada y civilizadora del ser humano. Debe prevalecer pues, la fuerza de la política y no la política de la fuerza. Al final de cuentas las discrepancias en las democracias no espantan a nadie. Lo importante es superarlas dentro del Estado de derecho.

Pero qué necesidad, cuando ya todo caminaba en santa paz, a pesar de armar un equipo de trabajo que se presta para muchas suspicacias, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, creó un tsunami político con su iniciativa de pretender quitarle el nombre del Benemérito de las Américas al municipio más turístico de México. Lo hemos dicho y lo repetiremos, la función pública además de los valores éticos, exige sentido común y sensibilidad política y social. Sin el efecto AMLO, muy pocos de los candidatos de Morena hubieran alcanzado el triunfo electoral. El nombre de Benito Juárez es conocido y respetado, incluso allende nuestras fronteras. Es el personaje de nuestra historia, cuyo ejemplo de austeridad republicana marca el ideario y la actuación del Presidente electo de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. A todas luces parece una afrenta quitarle su nombre a un municipio de México. La institucionalidad que, entre otras cosas, implica el respeto a un orden jerárquico brilla por su ausencia. Por eso se entiende que el secretario general del Ayuntamiento Benito Juárez, Jorge Carlos Aguilar Osorio, en un gobierno municipal de Morena haya exhibido en su Twitter a la senadora morenista Marybel Villegas y al diputado federal del mismo partido, Jesús de los Angeles Pool Moo con la foto de la votación del decreto 249 que extendió la concesión de Aguakan hasta el 2053, cuando formaban parte de la bancada priísta de XIV legislatura. “Algunos simplemente no conocen la congruencia” decía el mensaje publicado por Aguilar Osorio unos días antes de su nombramiento en el gobierno de Mara Lezama.

La presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain, luego de un inicio agitado por discrepancias con parte de su cabildo, ya trabaja con normalidad. Siempre ha contado con el respaldo de la presidente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y por consiguiente del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador con lo que eso implica. Insistimos en que siempre prevalezca la fuerza de la política y no la política de la fuerza. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!!!!

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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