Consejos del abogado Julio Mejía Salazar

Felipe Escalante Ceballos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 2 de agosto, 2018

Hace casi cuarenta años ocupaba la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del estado un licenciado en derecho, cuyo nombre prefiero no recordar. En ese lapso, la institución se caracterizó por la toma de medidas irregulares, injustas y hasta inmorales, de las cuales se sirvieron dos o tres abogados que presumían de influyentes.

La nefasta actuación del Ministerio Público llegó a tal grado, que la mayoría de los litigantes llevaban adelante su trabajo en desventaja, pues los abogados consentidos del régimen tenían todas las de ganar. No había más remedio que acudir a los tribunales federales en demanda de amparo contra los actos atrabiliarios del órgano encargado de procurar justicia.

Cierta ocasión, un ciudadano acudió a verme en el bufete del abogado Mejía en busca de protección legal. El hombre se dedicaba a la compraventa de casas, las cuales entregaba a los adquirientes mediante una simple promesa de venta, con el compromiso de otorgar las escrituras definitivas de propiedad cuando los compradores saldaran el precio convenido.

Pero en una ocasión los pretendidos compradores dejaron de cumplir su parte y, para no perder la casa, acudieron a un influyente abogado cuyo éxito provenía de causas ajenas a la profesión. Este litigante prontamente formuló una denuncia de fraude -cuando lo que se trataba de un incumplimiento de contrato civil, con evidente perjuicio para el vendedor y no para los denunciantes-, y como en esos tiempos para privar de la libertad a un ciudadano no se requería de la orden de aprehensión dictada por un juez, el Ministerio Público procedió inmediatamente a la localización del imputado.

El acusado pudo evadir momentáneamente a los agentes judiciales y enseguida se presentó al despacho en busca de mi ayuda. Con prontitud le redacté una demanda de amparo y solicité la suspensión de la orden de captura, para que mi patrocinado pudiera comparecer ante las autoridades ministeriales a defenderse de la acusación, sin peligro de ser detenido injustamente.

Ya con la copia certificada del amparo y el incidente de suspensión en mis manos, comenté al licenciado Mejía el malestar que me producía el ilegal proceder de la Procuraduría de Justicia.

El avispado jurista me sacó de mi error: Pilo, ¿cuántos amparos ya promoviste este año contra el procurador de Justicia?, y le respondí que no menos de diez, a lo que me dijo: ¿Ya lo ves? Nosotros somos litigantes y tenemos el deber de luchar por el derecho y la justicia. No nos conviene que las autoridades sean muy competentes y honestas, porque nos quedaríamos sin chamba. Mejor que sean incapaces y deshonestas, pues es cuando ganamos dinero. No te quejes.

Muy sabia enseñanza. Ya no me quejo del mal proceder de algunas autoridades. Por el contrario, gracias a ellas tengo trabajo.

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