La omisión de los mayas

Paul Antoine Matos
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Viernes 27 de julio, 2018

La gran pregunta que debería girar en torno al debate del Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY) es ¿Por qué se sigue omitiendo a las sociedades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en la toma de decisiones que impactarán su vida?
Si se leen las demandas e instrucciones del Juez de Distrito tras el amparo, se entienden que son básicas para una sociedad incluyente y que permita la discusión de las acciones con la presencia de los mayas peninsulares.

Las instrucciones al ASPY son: participación en el proceso de elaboración e implementación; traducción, redacción y difusión del acuerdo en lengua maya; incluir dos capítulos adicionales, que valore su trascendencia como pueblo maya, que se les reconozca como sujetos de derechos y no como simples objetos de tutela y regulación, como establece el acuerdo original; y la realización de la consulta indígena a los pueblos mayas cuando se promueva un proyecto derivado del ASPY.

La detención del ASPY, bajo amparo, ocurre solamente porque al desarrollarse el Acuerdo no se incluyeron a los mayas peninsulares en su elaboración. Juan Carlos Faller Menéndez explica y enfatiza muy bien el objetivo del amparo en su columna publicada en [i]La Jornada Maya[/i].

En la península de Yucatán los pueblos mayas siguen siendo omitidos en las decisiones. Tan sólo este domingo, un grupo de 130 habitantes de San José Tipceh, en Muna, no se apersonaron en la consulta pública en contra del proyecto de energía eólica de Vega Solar I y II, a recomendación de la ONU-México, ante el riesgo latente de un conflicto con los ejidatarios a favor.

El tres de julio, el comisario municipal, Rodolfo Tut Hoo, fue agredido al oponerse al proyecto Sunpower, por lo cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de amenazas, con el número UNATD16/534/2018, por el delito de amenazas, ante la FGE.

No se tenían las condiciones para que se realizara y, sin embargo, se hizo de forma sesgada, sólo con los que están a favor de la empresa española. De nuevo, no sólo se requiere un acuerdo, sino que se respete la voluntad de los mayas y evitar la compra de voluntades, aprovechándose de la pobreza.

Cuando el gobierno de Campeche cuestiona sobre los intereses económicos transnacionales en la detención del ASPY. “Es una posición radical, tendenciosa y sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”, declaró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, Roberto Alcalá Ferráez.

¿Cuántas empresas transnacionales, nacionales y peninsulares no dañan el medio ambiente sólo por su economía? Esos “intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente” probablemente han sido y son parte de las administraciones estatales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Los gobiernos presentes en la península no actúan para evitar los efectos a la salud y al medio ambiente con los plaguicidas y pesticidas usados en el campo, ni la deforestación que causan los megaproyectos de energía eólica y solar que se establecen en las comunidades mayas de Yucatán, ni los desarrollos inmobiliarios, y tantos daños a la ecología.

Mientras se discute el ASPY, el agua de la península de Yucatán continúa siendo contaminada por agroquímicos que generan cáncer en los habitantes. En Quintana Roo, los mangles y las playas son arrasadas tras ser privatizadas; Holbox ya tiene dueño (son yucatecos y españoles), y así sucede en toda la Riviera Maya. En Campeche, los menonitas usan soya transgénica en grandes plantíos que deforestaron el monte.

El ASPY intenta cambiar esa crisis ecológica a la que se enfrenta la península de Yucatán, pero por más acuerdos que se firmen, eso no se logrará si se sigue careciendo de voluntad para evitar los daños medioambientales.

Ni el gobierno federal, ni los gobiernos de las tres entidades, han ejercido la presión suficiente para evitarlo desde sus propias administraciones y sin acuerdos. Y cuando algún secretario estatal de medio ambiente intenta cambiar algo, se enfrenta ante las cuotas políticas y económicas de las administraciones públicas con los grandes empresarios, y se siente impotente porque sus ideas se pierden en los acuerdos.

Pero los gobiernos federal y peninsulares no les importa que los mayas sean parte de las decisiones de su entorno, no son incluidos por falta de voluntad, por miedo a empoderarlos.

El ASPY estará en extinción si los gobiernos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán deciden seguir silenciando a los mayas.

[b][email protected][/b]