Entre indígenas te veas

Juan Carlos Fáller Menéndez
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Lunes 23 de julio, 2018

A Pedro Uc Be, poeta y amigo

Por diversas razones me llamó la atención una noticia del pasado miércoles 18 de julio en [i]La Jornada Maya[/i] sobre el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY): “Le partieron la madre (…): Semarnatcam”. Excelente título, por crudo y verídico.

La declaración la hacía el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, Roberto Alcalá Ferráez, “durante una entrevista que sostuvo con [i]La Jornada Maya[/i] para saber su punto de vista en relación con la revocación de los acuerdos del ASPY 2030, hasta no realizar una gran consulta a los pueblos indígenas mayas”, según un amparo federal otorgado recientemente a un grupo de demandantes.

El señor Alcalá suele ser más político que eso, según recuerdo, por lo que tal vez el reportero lo abordó en la cima de su enojo, y gracias a un periodismo oportuno pudimos atestiguar una franqueza oficial inusitada.

“Es una posición radical, tendenciosa y sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”, se lee que dijo el servidor público campechano.

En cuanto a lo anterior, empiezo por decir que conozco a destacados miembros del colectivo al que se refiere el señor Alcalá Ferráez, y doy fe de que se equivoca en lo fundamental: está acusando a personas honestas, informadas, patriotas orgullosos de sus orígenes y cultura como el que más. El señor Alcalá Ferráez acusa a gente honorable sin pruebas. Eso es calumniar. No se vale que un servidor público, pagado con el erario, se refiera así a mexicanos que con la ley en la mano han logrado detener un proceso (con implicaciones territoriales y de soberanía indígena) que hasta el momento los ha excluido.

La nota de LJM no deja lugar a dudas sobre esta exclusión: el funcionario “reiteró su lamento por todo el trabajo inútil que se hizo con el total apoyo de instituciones gubernamentales, ONG, ambientalistas, académicos, científicos nacionales e internacionales, y el esfuerzo conjunto de los gobernadores de la península de Yucatán.”. En esta lista de participantes el titular de la Semarnatcam omitió con franqueza a los herederos más antiguos del Mayab, lo cual es parte del problemas: se les sigue considerando como objetos en planes y acuerdos (hechos por gente que mucho ignora, empezando por el idioma Maya), y no como lo que los indígenas realmente son (y que debiera reconocerse con todo el debido respeto de un adeudo gigante): Sujetos de su propia historia y su destino.

Para mostrar palmariamente la decisión de exclusión oficial, el señor Alcalá “subrayó que en Campeche no habrá ningún tipo de consulta (…)”. Lo cual seguramente ya lo habrá consultado con el titular del Ejecutivo, que es su jefe.

El viernes 20, dos días después y sobre el mismo tema del ASPY, Andrés Silva Piotrowsky escribió en LJM (Opinión, con título “Amparados en el absurdo”), quien es posible que no haya tenido oportunidad de leer antes la noticia del miércoles 18 sobre las franquezas del señor Alcalá Ferráez.

El señor Silva Piotrowsky dice en referencia a los demandantes del amparo: “También se preguntan por ahí que dónde están las grandes cantidades de dinero destinadas al ASPY (...) Lo cierto es que no hay hasta la fecha un solo peso destinado expresamente al acuerdo (…)”.

Sin embargo, el primer párrafo de la noticia dada por LJM el miércoles 18 dice que el señor Alcalá Ferráez expresó textualmente: “Le partieron la madre a miles de peninsulares que habían confiado en el Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY), con lo que se viene abajo todo un esfuerzo coordinado de más de seis años y millones de pesos para mitigar el cambio climático”. Más de seis años y millones de pesos, pero ninguna consulta indígena como manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reformó para incorporar los acuerdos del Convenio 169 de la OIT que hoy dan sustento al amparo otorgado por el Poder Judicial Federal a los representantes mayas.

No dudo de la honesta indignación de Silva Piotrowsky ni de sus buenas intenciones, pero creo que en lo esencial expresa lo mismo que el titular de la Semarnatcam.

El señor Silva Piotrowsky se refiere al ASPY como “un acuerdo cuyo cumplimiento cabal tendría que significar beneficios importantes para las comunidades rurales de la península”. Sin embargo, un acuerdo anterior, más amplio y vinculante (Convenio 169 de la OIT, ratificado por México desde 1990) es el que se esgrime en contra del modo en que se ha estructurado el ASPY: con la exclusión de los indígenas peninsulares, que son los herederos más antiguos de las tierras donde hoy dicen “mandar obedeciendo” los tres gobernadores de la península (el entrecomillado es tela de duda, a decir de los dichos del señor Alcalá).

Por otro lado, de los tres gobernadores actuales de la península sólo el de Quintana Roo estuvo ausente del proceso de formación del ASPY. Carlos Joaquín González asumió la gubernatura en septiembre de 2016 y el acuerdo se firmó apenas tres meses después; su gobierno no estuvo, por tanto, involucrado en ninguno de los seis años de planeación ni en los millones de pesos que se invirtieron en el ASPY. Quien esto escribe imagina la razón por la que el entrante gobernador quintanarroense habría confiado en sus homólogos peninsulares (los otros dos gobernadores actuales) para firmar “un acuerdo que dará beneficios importantes a las comunidades rurales de la península”, (o algo así), “fruto de seis años y muchos millones de pesos”. Tal vez su entrante secretario de Ecología no vio ningún problema técnico en el acuerdo, sin ver que en los aspectos estructurales brillaba por su ausencia el sujeto indígena. O como haya sido, su gobierno es tal vez el menos culpable del entuerto.

Dicho lo anterior, hay que recordar que el antecesor de Carlos Joaquín fue su enemigo acérrimo y (en mi opinión) su antítesis política y moral: ni más ni menos que Roberto Borge Angulo (también priísta como sus homólogos pre-acordantes), hoy preso y bajo múltiples procesos judiciales por corrupción de todo tipo, y que fue quien sí estuvo en los seis años (y millones de pesos) de planeación del ASPY, y a quien sí creo capaz de haber servido “a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”, para expresarlo con las mismas palabras del titular de la Semarnatcam, quien sí conoció bien al señor Borge Angulo pues el ASPY es también hijo de ese gobierno (priísta como el suyo).

Difícil, muy difícil sería -dicho todo lo anterior- no darle la razón a los demandantes del amparo por dudar de un proceso (el ASPY) que los ha excluido y cuyas cabezas visibles (los gobernadores peninsulares actuales, dos de ellos aún priístas) les siguen dando la espalda.

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