Manejo forestal en QRoo en manos de la corrupción de técnicos y funcionarios

Carlos Meade
Foto: Especial
La Jornada Maya

Jueves 28 de junio, 2018

A principios de la década de 1980, los ejidos forestales de Quintana Roo se movilizaron para evitar que se renovara una concesión abusiva a favor de Miqroo (Maderas Industriales de Quintana Roo). Durante 25 años, esta empresa descremó a la selva de Quintana Roo de las especies de mayor valor comercial: la caoba y el cedro. A cambio, pagaron migajas a los dueños de esas tierras, quienes estaban controlados por uniones ejidales corrompidas por la propia empresa.

El movimiento fue exitoso: las uniones de ejidos se desintegraron y nacieron nuevas formas de organización, logrando que el gobierno del estado estableciera una nueva modalidad del aprovechamiento forestal, conocido como Plan Piloto Forestal, para el cual se contó con la asesoría de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ).

Se capacitó a jóvenes ingenieros forestales egresados de Chapingo, a quienes se impulsó para que ofrecieran asesoría técnica y capacitación, de forma que los ejidos pudieran administrar sus recursos forestales en un proceso progresivo. La realidad es que esos equipos técnicos, lejos de formar cuadros técnicos en los ejidos, se enquistaron en las organizaciones ejidales y se convirtieron en agentes de control político y económico.

Caso paradigmático es el de la Sociedad Civil Forestal de la Zona Maya y el ingeniero Marcelo Carreón. Con alrededor de 20 ejidos del municipio de Carrillo Puerto, esta organización se convierte en actor político y económico muy relevante en la región. Es el tiempo en que ferrocarriles nacionales (FFCC) compra durmientes, lo que genera ingresos importantes para los ejidatarios.

Mecanismos perversos se ponen a funcionar para que los caciques locales se apropien de los ingresos de los productores. El día que FFCC entrega recursos en un ejido, la cervecería organiza una fiesta con música en vivo donde los ejidatarios dejan buena parte de sus ingresos pagados en efectivo.

Pero esto es un mal menor comparado con los planes de manejo que, en realidad, son documentos técnicamente deficientes que, además, son sólo instrumentos de simulación ya que, en la mayoría de los casos, los ejidos sacan madera donde ésta es más accesible y no siguiendo un plan de áreas de corta. La realidad es que se requería una gran inversión en caminos forestales y maquinaria para hacer viables los planes de manejo.

Los permisos de aprovechamiento se dan teniendo como base inventarios forestales levantados al aventón. La autoridad no tiene la capacidad de supervisar y además se cuida de interferir ya que la capacidad de movilización política de los ejidos es temible.

Luego vinieron los programas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los ejidos y sus equipos técnicos tuvieron acceso a recursos para proyectos en temas diversos, pero siempre relacionados, al menos en el papel, con la conservación del recurso forestal.

Anualmente se convoca, hasta la fecha, para que los ejidos presenten proyectos. Un grupo externo de evaluación califica las propuestas y se aprueban las mejor punteadas (o las que se acompañan con más presión política). De esta manera, el equipo de la Sociedad Civil Forestal presentó durante largos años propuestas técnicamente muy deficientes pero que fueron aprobadas por su poder político. Lo peor es que las propuestas que en el papel ya eran deficientes, en su aplicación fueron desastrosas. El dispendio de los recursos federales es aquí escandaloso y criminal. En muchos casos los técnicos recibieron un adelanto del 50 por ciento, no ejecutaron ninguna acción, no entregaron informes y el ejido fue el castigado con un veto de 5 años, además de tener que devolver el recurso que los técnicos cobraron a cambio de nada.

Con el paso del tiempo, la organización se debilitó y la dirección técnica se desprestigió a tal grado que fue vetada en muchas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. Muchos de los ejidos se fueron de la organización luego de sufrir reiterados engaños. La estrategia del ingeniero Carreón y de su esposa la ingeniero Victoria Santos fue entonces crear nuevos despachos técnicos con prestanombres, para que presentaran proyectos, tratando de eludir la veda. Al menos con la Conafor funcionó ya que muchos de estos despachos lograron certificarse como técnicos autorizados. Pero siguieron con sus mismas prácticas mediocres y fraudulentas, solapadas por las autoridades de la Conafor.

A la fecha, este grupo de despachos se mueve en todo el estado. Es una mafia de vividores que dilapidan recursos federales, crean conflictos internos en los ejidos y no aportan nada al desarrollo de las comunidades.

Hay honrosas excepciones. En otra ocasión hablaremos de ellas.

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