Posponer consulta pública para aprobar Uber: Marybel Villegas

Texto y foto: Antonio Ortiz
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 16 de abril, 2018

Marybel Villegas Canché, candidata a senadora por Morena, PT y Encuentro Social, pidió al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, “sacar las manos del proceso electoral”, al considerar que interfiere con el mismo al imponer la consulta popular en la que se le pedirá este primero de julio solamente a los ciudadanos del municipio de Benito Juárez su opinión si están a favor o no de que apruebe la operación de plataformas digitales para la renta de taxis, como Uber.

Además, imprimir las boletas de opinión le costará a los ciudadanos diez millones de pesos, por lo que se podría promover acciones inconstitucionales, pues dicho resultado tendrá carácter obligatorio para todo el estado, al recordar que está en estudio la aprobación de la Ley de Movilidad.

Afirmó que lo anterior “contamina y enrarece el clima electoral” en la entidad al desviar la atención de la ciudadanía, tras acusar que los diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron al vapor o vía fast track la Ley de Participación Ciudadana.

La que fue simpatizante y candidata en Quintana Roo por el Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y ahora de Movimiento Regeneración Nacional, dejó en claro que está en contra del “albazo legislativo” y de que no se respetan los tiempos y procedimientos adecuados para garantizar la legalidad, mas no así de la consulta ciudadanía, ni mucho menos de la operación de las plataformas digitales para el transporte público.

Insistió en hacerle un llamado al gobernador del estado y a los diputados de la Legislatura 15 del Congreso del estado para que respeten la ley y los derechos de los ciudadanos, al tiempo que pidió posponer la consulta pública hasta después de las elecciones del primero de julio.

A manera de demostrar que hubo “albazo legislativo” o se trabajó al vapor para la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, la candidata al Senado por la coalición Juntos haremos historia mencionó que a la Legislatura 15 le bastó nueve días para estudiar ocho iniciativas de ley y analizar 54 propuestas de la sociedad y asociaciones civiles antes de su aprobación en el pleno, que fue el 21 de marzo.

Afirmó que ese fast track le recordó la prisa de los diputados de la Legislatura 14 para aprobar en julio de 2016 el “paquete de impunidad” al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Por lo que, reiteró, se tiene que legislar de manera urgente sobre las reglas de cómo participar la sociedad.

Indicó que el gobierno del estado sólo necesitó cinco días, tras solicitarle la petición al Instituto Electoral de Quintana Roo la viabilidad de realizar una consulta popular, sólo en Benito Juárez, pese al impacto que tendrá para todo el estado.

Denunció que hubo violaciones a los artículos 48 y 49 de la Ley de Participación Ciudadana, referente a consultar a colegios y organizaciones de la sociedad civil, al “no darle su derecho de impugnar a los taxistas o pronunciarse al respecto”.

Estimó que la consulta popular le costará a los ciudadanos de Quintana Roo 10 millones de pesos, para la impresión de las boletas, capacitación de personas y mamparas especiales por parte del Ieqroo y así conocer si aprueban o no las plataformas digitales.

Además de que, detalló Villegas Canché, según la Ley federal de Consulta Pública, el jefe del Ejecutivo del estado tuvo que hacer la solicitud 270 días, es decir, el término venció en septiembre del 2017.

Debido a que la consulta tendrá carácter de obligatoriedad para el estado, por tener carácter de vinculante, señaló que si alguien promueve una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos, algún partido político, incluso de la misma Procuraduría General de la República, la consulta pública no tendrá validez o será suspendida, y el dinero erogado se perderá. Sobre todo, advirtió, si el 35 por ciento de los ciudadanos del listado nominal decide no participar.

De ahí que aseguró que no es el momento para llevar a cabo la consulta, sobre todo por la premura de parte de los diputados estatales y por las opiniones encontradas por diferentes sectores de la sociedad.