Clamor de justicia en QRoo no se puede atender con suficiente rapidez

Connie López
Foto: Twitter @RafaeldelPozo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 21 de marzo, 2018

La Contraloría del estado (Secoes) ha presentado 40 denuncias vinculadas con los procesos de auditoría, entrega-recepción y relacionadas con evolución patrimonial de servidores públicos. El titular de la dependencia estatal, Rafael del Pozo Dergal, adelantó que hay pendientes alrededor de 17 denuncias, pero pueden surgir otras tantas en caso de que no se solventen observaciones.

Una vez concluido el proceso de entrega-recepción se iniciaron los procedimientos de auditoría de la administración anterior del estado; después de esto, hay algunos que están siendo notificados en el resultado de la auditoría.

Estamos en el proceso de determinar en resolutivo final si existen o no probables responsabilidades de desvío público que deberán salir en las próximas semanas, anticipó el funcionario.

Sobre las auditorías hechas al ejercicio inmediato pasado 2017, señaló que todavía están en proceso de notificación el resultado y se va a recibir el proceso de solventación; después viene el informe final de la auditoría con el que inician los procedimientos de responsabilidades. Tras la auditoría, procede la observación, que es susceptible de ser aclarada o no. Después, queda firme en su caso y da inicio el procedimiento de responsabilidad.

Indicó que ha habido una especulación con el tema del resarcimiento el gobierno del estado, “estamos haciendo todas las gestiones pertinentes y necesarias ante las autoridades federales, y las haremos ante la Auditoría Superior del estado (Aseqroo) para efecto de evitar que el resarcimiento implique devolución de recursos”.

Señaló que el resarcimiento “puede ser en dos días, puede ser en la devolución del recurso o en la responsabilidad del servidor público, entonces estamos haciendo el trabajo para que el resarcimiento, en su caso, se oriente hacia la responsabilidad del servidor público que incumplió o que tenía la obligación de aplicar de manera correcta esos fondos o recursos de la federación y no implique para el estado el tener que desembolsar recursos que evidentemente en las condiciones económicas del estado no es posible realizar”.

[b]Por el camino correcto[/b]

El secretario consideró que el gobierno del estado está haciendo su trabajo: “Vamos en el camino correcto, construyendo salidas alternativas para que no tengamos que hacer devoluciones de dinero del erario del estado, sino que se conviertan en responsabilidad directa de ex servidores públicos, y que ellos sean quienes respondan frente a la autoridad federal por el desvío o en su caso incorrecta aplicación de los recursos”.

Consideró que si bien el riesgo existe, buscan minimizar la posibilidad de que se tenga que hacer la devolución del recurso, que puede ser el resultado de muchos casos, no es lo mismo hablar de un subejercicio que de la incorrecta aplicación del recurso.

Mencionó que cuando se habla de un subejercicio, normalmente sí se puede reintegrar, “pero estaríamos hablando del ejercicio que están a nuestro cargo cuando estamos hablando de la incorrecta aplicación de los recursos, entonces lo que tenemos que hacer es fincar las responsabilidades a quien lo aplicó de manera incorrecta para no tener que hacer el procedimiento resarcitorio y en su caso nada más hacer los ajustes contables que devuelvan los recursos a las cuentas que corresponden para aplicarse al fin para el cual fueron otorgados.”

Del Pozo Dergal declinó hablar de desvíos, “porque sería clasificar en términos de una conducta ilícita y eso no nos corresponde.

“De manera presuntiva tenemos observados recursos de alrededor de mil 300, mil 500 millones de pesos (mdp), de los cuales recibimos mil 100 observados.

“Del ejercicio 2016, se observaron alrededor de 400 mdp y nosotros hemos resuelto casi 500 mdp de los mil 500 observados, dejando un remanente de mil millones”.

Señaló que este remanente no significa que “tengamos que reintegrar, significa que está observado y en proceso, de hecho ahorita tenemos en tránsito poco más de 250 mdp que están en proceso de aclaración y en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el monto es mucho más elevado”.

Expuso que se acaba de notificar el pliego de observaciones de la cuenta de la auditoría 2016 que elevó considerablemente el monto, porque nada más de esa auditoría son cerca de 5 mil mdp, lo cual “no significa que es dinero que tengamos que reintegrar sino que están apenas en el proceso en donde nos notifican las observaciones y empezamos el proceso de aclaraciones y de alimentación”.

Agregó ya tiene la notificación formal: a partir del informe, son 10 días para que les notifiquen, por lo que ahora están en el período de 30 días que les dan para la primera etapa de solventación. Concluyendo ese procedimiento, el auditor recibirá la parte comprobatoria, y en su caso, remitirá el informe correspondiente.

[b]Numerosas observaciones[/b]

En torno a las observaciones, expresó que “las hay en muchas de las áreas. Una en donde está relacionada la Contraloría tiene que ver con las tecnologías de la información, que son la compra de equipos de cómputo, software y estos temas que es donde se hizo una auditoría específica, donde se observaron una cantidad equis de recursos.

“Están observadas varias autoridades del estado como del Poder Judicial, por la aplicación del sistema de juicios orales, y está empezando el proceso de solventación y eventualmente vendrán los informes finales de la auditoría.

“Tenemos la responsabilidad de que, una vez que corremos los procedimientos de auditoría, si advertimos que de las observaciones no se aclaran los montos o las conductas que se manifiestan en el expediente, pueden ser constitutivas de delito. Es nuestra responsabilidad presentar la denuncia para no incurrir en una omisión”.

[b]Denuncias[/b]

Al momento, la Secoes tiene pendiente presentar alrededor de 17 denuncias adicionales que están en proceso.

“El clamor de justicia en Quintana Roo es tan grande que no hay manera de atenderlo con la suficiente rapidez”, señaló Del Pozo Dergal.

“No es sensato para ningún servidor público pedir paciencia (…) lo que tenemos que hacer es aplicarnos al cumplimiento de nuestras responsabilidades y atender este clamor de la forma más eficiente, pero eso tiene que tener un límite”, señaló.

El titular de la Secoes aclaró que no hay ninguna persecución política, “tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, derivado de las funciones que tenemos a nuestro cargo, respetando la presunción de inocencia de servidores públicos y personas.

“Si no lo hacemos, parecería que atendemos a la parte de medios, sería más importante lo que se dice que lo que sucede.

“A lo que hemos tratado de apostar es a que las resoluciones dictadas en tribunales sean resoluciones firmes, es decir, apostar a que las cosas se hagan con la limpieza y con la verticalidad pertinente para se sostengan en el tiempo”, señaló.

Para la atención de todas estas revisiones, explicó, se han creado unidades e incluido a servidores públicos que estaban desvinculados en la Secoes.

En el último sexenio, se iniciaron 14 procesos de responsabilidad, por lo que “hay una área técnica que no es operativa y que no es capaz de reaccionar con una carga de trabajo como la que representa recibir la administración en un proceso del 2016”.

[b]Reparación y restitución[/b]

Del Pozo Dergal señaló que la reparación del daño tiene que ver con el procedimiento penal, mientras que la restitución es un procedimiento para restituir a la federación recursos que se aplicaron mal.

“Tenemos que empezar a tomar las acciones necesarias para que nadie se salga con la suya, que quien tenga responsabilidades no pueda recurrir a argumentos de carácter técnico jurídico, sin que esto signifique la violación de sus derechos humanos.

“Necesitamos generar un mecanismo que nos permita restituirlos (recursos ilícitos) o quienes no puedan acreditar el recurso lícito, tengan la obligación de devolverlo al estado.

“Mientras no rompamos esa relación entre la trampa y el beneficio que se obtiene con la trampa, no vamos a resolver el problema de la corrupción”, señaló.

En pocas palabras, Del Pozo Dergal llamó a crear mecanismos para que “nadie se pueda salir con la suya.”

[b]Procedimientos administrativos[/b]

Señaló que la Secoes también lleva a cabo procedimientos que en materia administrativa pudieran generar a la imposición de sanciones, y aclaró que la Contraloría no tiene atribuciones para procedimientos resarcitorios “porque está a cargo de la Auditoría Superior del Estado, pero nosotros sí podemos establecer montos y multas y convertirlos en créditos fiscales.

“Será información de carácter público y dado a conocer una vez que esos créditos fiscales están firmes; en tanto exista un procedimiento a través del cual pueda convertir esa resolución, resultaría violatorio de derechos y las garantías de presunción de inocencia de los servidores públicos o de las personas relacionadas con esos hechos”.

Señaló que actualmente, “el auditor superior de la Federación rinde a tres informes que corresponden al cierre, en donde resume el total de observaciones que hace la ASF del 2016 al estado de Quintana Roo.

“Hay un total de 5 mil observaciones, lo que no significa obligación de resarcir los recursos, significa que ya fue notificado el pliego de observaciones, empieza el proceso de solventación y en su caso vendrá la resolución”.

Como ejemplo, Del Pozo Dergal mencionó que en 2015, “el monto fue de 300 millones de pesos, a los cinco mil hay una gran cantidad de recursos que se van acreditando y se van a ir solventando y aclarando”.

Agregó que “todavía hay que correr el procedimiento, solventar y/ o en su caso, la determinación de la responsabilidad no necesariamente implica la obligación de resarcir, en muchos casos implica procedimientos de responsabilidad de servidores públicos a cuyo cargo quedaría la obligación de resarcir al estado”.