La Jornada Maya
Foto: Tomada de Facebook

Cancún, Quintana Roo
Martes 6 de marzo, 2018

La empresa Consultores EMKT, S.A. de C.V. cuya dirección está ubicada en la colonia Andrés Quintana Roo de la isla de Cozumel, está vinculada con un desvío de casi 4 millones de pesos porque existen contratos pero no se puede comprobar que se hayan cumplido. El propietario de dicha empresa dedicada al diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados es Raymundo Cámara Sánchez, quien ha sido denunciado como prestanombres del ex gobernador, Roberto Borge Angulo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó en la Auditoría en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) identificada como 16-A 23000-02-1868, del ejercicio fiscal 2016, que el gobierno borgista contrató a dicha empresa en 2016, pero ésta no realizó los servicios acordados.

El 28 de noviembre de ese mismo año, la asociación [i]Somos Tus Ojos, transparencia por Quintana Roo[/i] presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de presuntos prestanombres de Roberto Borge –actualmente preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos–, entre ellos Raymundo Cámara, en su carácter de socio de Cup del Sureste S.A. de C.V., compañía que junto con Edificación y Señalización del Sureste recibió hasta 80 millones de pesos para la construcción de caminos sacacosechas que no se ejecutaron.

Raymundo Cámara también está vinculado con el uso de recursos del Fondo de Contingencias Económicas de 2015, que aparentemente se usaron irregularmente en el Ayuntamiento de Solidaridad con Mauricio Góngora Escalante, también preso en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.

De hecho, el tema también generó una denuncia por parte de la Contraloría del gobierno del estado que involucra al ex secretario de Infraestructura y Transportes (Sintra), Fernando Escamilla Carrillo, y a Fernando Villanueva Sauri, pues fue mediante dicha dependencia que se realizó la licitación y firma de contrato incumplido.

Pero Consultores EMKT, que se conformó en julio de 2011 –a penas fue electo Borge Angulo- también tiene como representantes a Ingmar Alejandro Frey Ros y a Osmar Pat Alejo, y por lo que obra en Internet, dicha empresa continúa prestando servicios de software a dependencias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), con el que tiene un contrato de 2017 para la renovación de más de 2 mil licencias Devicelock y otros servicios por un monto mayor a 491 mil pesos, que un año antes ofreció por más de 518 millones de pesos.

La ASF halló en la revisión de la cuenta pública 2016 que el contrato OM/DGA/ DRM/DCP/ 07/2016, entre EMKT y el gobierno de Quintana Roo por un millón 229 mil 600 pesos por el servicio de actualización del sistema de facturación electrónica de la Sefiplan, pero que no contaba con las firmas ni estaba formalizado; no obstante había sido pagado.

Se observó que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto un millón doscientos veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N., por los pagos efectuados al proveedor Consultores EMKT, S.A. de C.V., por concepto de desarrollo del sistema de facturación electrónica para la Secretaría de Finanzas y Planeación, relacionados con el contrato OM/DGA/DRM/DCP/07/2016, ya que no se formalizó, carece de las firmas de los responsables, sin embargo fue pagado en su totalidad y no se demostró que se entregó el servicio, por lo que se estima que el pago realizado es improcedente”.

Sobre la misma empresa, la ASF halló pagos injustificados por 2 millones 728 mil 300 pesos por el contrato de “Asesoría de para el Fortalecimiento Operativo en el Diseño de Sistemas” en el que se carece de cartas de entrega-recepción de los servicios que sirvan como prueba para comprobar que se realizaron.

El contrato total era por 4 millones 671 mil pesos, pero se rescindió el contrato por “falta de presupuesto”.

“Como soporte de los pagos realizados se cuenta con los [i]Informes de Actividades[/i] de enero a junio de 2016, en los que se especifican tareas como actualización de servidores, firmware, configuraciones de los servicios, corrección de errores de registro, desarrollo de nuevos módulos, generación de reportes financieros, entre otros. De la revisión realizada se observó que dichos informes están firmados únicamente por el proveedor y no existen cartas de entrega-recepción de servicios o documentación adicional que sirvan como evidencia de la realización de las tareas descritas en los mismos”, cita el informe de la ASF.

Entre ambos contratos, suman 3 millones 950 mil 900 pesos, por lo que la ASF emitió la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano de Control realice las investigaciones por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no administraron ni verificaron la correcta ejecución de los servicios, realizando pagos injustificados.

[b]Fidel Villanueva involucrado[/b]

El portal [i]Sin Embargo[/i] publicó ayer lunes también que la revisión de las cuentas públicas, implica al Tribunal Superior de Justicia del estado, que en su momento dirigió Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en donde mediante una licitación pública nacional se firmó un contrato con la empresa Denim Consultores S.A de C.V, cuyo concepto es el “Equipamiento Tecnológico para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en Tulum”, bajo el contrato LADQ/TSJ-DRM-002-16/TEC-CAN por un millón 984 mil 400 pesos.

En el mismo reporte de la ASF se incluye la información de un segundo contrato con la misma empresa, aparece con el número LADQ/TSJ-DRM-003-16/TEC-CAN por el concepto de “Equipamiento Tecnológico para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en Cancún”.

Sobre el primer contrato, que consideraba la adquisición de 141 equipos de cómputo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la ASF observó que un año después de concluida la vigencia del contrato original, se celebró el contrato de comodato entre el gobierno del estado y el Tribunal de Justicia del estado; cuatro meses después, se formalizó el contrato de donación gratuita entre las mismas partes.

“Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por mil 984.4 miles de pesos en seis exhibiciones, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato, se acordó que los pagos deberían realizarse en dos exhibiciones, el primero por el anticipo del 40 por ciento del monto contratado por 793.8 miles de pesos y el segundo por el finiquito equivalente al 60 por ciento por mil 190.6 miles de pesos”, cita el informe de la ASF.

Además, los equipos no son usados ni han sido instalados “por lo que no se justifica el propósito para el cual fueron adquiridos ni los pagos realizados”, faltan cuatro laptops y se encuentran en otros sitios.


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