Texto y foto: Agencia SIM
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 23 de febrero, 2018

El titular de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal, afirmó que esta dependencia no tiene conocimiento sobre la denuncia pública que ex trabajadores temporales del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (Icat) hicieron sobre el presunto "inflado" de facturas.

Abordado en un evento en la Universidad La Salle, de esta ciudad, el funcionario pidió a los afectados interponer su queja ante los órganos internos de control.

"No tengo la información, tienen que darle vista al órgano interno de control para la investigación correspondiente", dijo.

Hace un par de días ex trabajadores del Icat informaron que fueron objeto de un presunto fraude por parte del Gobierno del Estado, vía el citado organismo.

Documentos en mano, los presuntos afectados mostraron que les facturaron el triple de los honorarios acordados, que a la fecha no les han depositado. Detrás de esta operación habría un presunto desvío de recursos por 1.3 millones de pesos.

El pago acordado era de 10 mil 276.20 pesos por capacitador; no obstante, en el recibo aparece triplicada la cantidad, al figurar como por 31 mil 353.67 pesos.

[b]Desvíos del Sistema Quintanarroense "ya fueron denunciados"[/b]

Con respecto a los presuntos desvíos de recursos detectados en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), el titular de la Secoesseñaló que ya existen denuncias en contra.

El funcionario indicó que fueron dos las investigaciones realizadas mediante las que se detectaron los millonarios desvíos: una, de la Auditoría Superior de la Federación, sobre los acuerdos firmados entre la Federación y estas dos dependencias; y otra, de la Contraloría, para revisar la contratación con proveedores y si efectivamente se brindaban estos servicios.

En el caso de la universidad, existen 100 millones de pesos erogados sin respaldo legal, aunque Del Pozo rehusó comentar si se involucra en la investigación al entonces rector, José Luis Pech Galera (hijo del delegado de Morena José Luis Pech Várguez), al indicar que mencionar a ex funcionarios violentaría su presunción de inocencia y entorpecería las investigaciones.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre si existen procedimientos contra el ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, o el secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Mánica, Del Pozo reiteró que no puede personalizar las denuncias, que irían contra hechos y dependencias, no actores.

“Lo que te puedo decir es que estamos terminando apenas los procesos que derivaron de la entrega-recepción y sus auditorías”, explicó. “Este año haremos revisiones del 2017 y el resultado se pondría, en todo caso, en conocimiento de las autoridades”.

Por último, el funcionario destacó que la Secoes es sujeto de una auditoría, por parte del auditor Superior del Estado, hecho que no ocurría en muchos años, lo que aplaudió, pues la Contraloría debe ser el primer organismo que debe someterse a escrutinio.


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