La Jornada Maya
Foto: Especial
Cozumel, Quintana Roo
Martes 20 d efebrero, 2018
Ex titulares del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovit) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), además de ex funcionarios públicos y estatales, están involucrados en el despojo de más de 100 terrenos que asignados para habitantes de colonias irregulares, por lo que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) ya alista denuncias penales y proceso administrativos para recuperarlos.
Carlos González Pacheco-Vázquez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (Sedetus; sucesora de la Seduvi), indicó que son varios los ex funcionarios públicos que se asignaron terrenos en colonias irregulares, lo que ya fue informado al Secoes, con el fin que les finquen responsabilidades jurídicas y penales.
En entrevista, el funcionario estatal señaló que ya se encabeza las mesas de trabajo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y el Ayuntamiento de Cozumel, para recopilar la información con el fin de regularizar colonias y predios.
El objetivo es que estas familias regularicen su situación comprando los predios a un precio accesible, con el fin que instancias de gobierno puedan ofrecerles servicios básicos.
“Este año tiene que ser el de la acción, pues el ejercicio anterior fue el de la organización”, explicó González Pacheco-Vázquez.
El titular de la Sedetus, Carlos Ríos Castellanos, también ha sostenido reuniones con dependencias federales, a fin de gestionar lo que haga falta para atender este problema; mencionó entre las dependencias visitadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a fin de gestionar la reubicación de personas que esperan desde hace varios años al predio Gaviotas, por ejemplo.
En el primer semestre se tendrán que percibir los trabajos de estos proyectos, aclaró el subsecretario, quien agregó que la dependencia trabaja en coordinación con dos o tres empresas privadas, de las cuales buscan que los precios y financiamientos para los beneficiarios sean los adecuados.
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