La Jornada Maya
Foto: Infoqroo
Solidaridad, Quintana Roo
Jueves 15 de febrero, 2018
La empresa Aguakán informó que ante las acciones emprendidas por la presidente Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, así como las inconformidades ciudadanas recopiladas en las mesas receptoras que instalaron meses atrás, las cuales fueron presentadas ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (Capa), invertirá en 2018 al menos 120 millones de pesos para resarcir el mal servicio brindado.
Adicionalmente, ante las exigencias de la Munícipe, la empresa se comprometió a iniciar un proyecto de tratamiento de aguas residuales en Playa del Carmen, lo que representará una inversión superior a los 170 millones de pesos, así como más de 500 millones de pesos en infraestructura hidráulica durante los próximos 3 años.
Se informó también que la empresa revisará los cobros excesivos y reajustará las tarifas para que se pague lo justo.
Llevar a tribunales la decisión de la concesión representaría años de juicio con la posibilidad de que de Quintana Roo tuviera que regresar a Aguakán más de mil millones de pesos, recursos con los que no cuenta la actual administración debido al desfalco a las arcas estatales y municipales por parte del ex gobernador Roberto Borge y el ex presidente municipal Mauricio Góngora.
"Continuaremos con el camino legal que hemos emprendido desde el principio de la Administración. Las acciones comprometidas por Aguakán deberán ser cumplidas y permitirán mejorar el servicio brindado a la ciudadanía además de evitar un colapso en el servicio de agua potable, lo cual tendrían un impacto directo en la ciudadanía y el turismo", señaló Cristina Torres.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada