Agencia SIM
Foto: Cortesía
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 18 de enero, 2018

Erce Barrón Barrera, ex director de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), abandonó esta tarde el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de esta ciudad, 52 días después de haber sido detenido, acusado de desempeño irregular de la función pública.

El ex funcionario de la administración de Roberto Borge abandonó el penal a las 18:02 horas, después de que sus abogados defensores lograran hacer valer un amparo.
Al toparse con los medios de comunicación, únicamente mencionó que comprobará su inocencia y que es apoyado por su familia.

Extraoficialmente, se menciona que hubo mala actuación de la Fiscalía General del Estado, que ejecutó la orden de aprehensión en su contra cuando todavía tenía un amparo vigente.
Barrón Barrera fue detenido en Tijuana y traído a la capital el pasado 27 de noviembre; no alcanzó a estar dos meses tras las rejas.

El funcionario es acusado de desempeño irregular de la función pública, por su rol en como integrante del consejo administrativo de la empresa de servicios aéreos Vipsa.

[b]FGE solicitará nueva medida cautelar en contra de Roosevelt "N"[/b]

La Fiscalía General del Estado informa que, aún no ha sido notificada por parte del Juez de Control la carpeta de investigación que instruye a Roosevelt “N”, el hecho de que este pudiera obtener su libertad dentro de las próximas horas. Sin embargo esta autoridad en caso de ser así combatirá legalmente dicha resolución en virtud de no compartir el criterio del juez federal que le otorga una suspensión provisional, en la cual el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia penal del Primer Circuito, en la Ciudad de México, J.D.L.C., por la cantidad de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL, cuando el daño patrimonial causado al Estado de Quintana Roo, asciende a la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, tal y como en su momento le fuera hecho del conocimiento de dicho juez federal en el informe previo y justificado emitido por las autoridades responsables, y a pesar de ello ordena la libertad del quejoso Roosevelt “N”.

Esta Fiscalía General sostiene legalmente que el cumplimiento de la orden de aprehensión fue llevada a cabo dentro de la legalidad y del mismo y en atención al acuerdo emitido por el juez Segundo de distrito del primer circuito, de la Ciudad de México, y mediante el cual dispuso que en caso de no comparecer ante el juez de control competente, el acusado Roosevelt N, la suspensión otorgada será revocada con la comunicación de la autoridad responsable (juez de control) difiriendo dicha autoridad federal de su propio criterio al momento de emitir el ordenamiento de libertad, toda vez que en posterior acuerdo refiere que dicha notificación realizada respecto a la comparecencia del quejoso ante el juez de control, le debió recaer un acuerdo admitiendo o no dicha notificación criterio que no comparte esta fiscalía y que combatirá legalmente a efecto de que dentro el término legal correspondiente solicite nuevamente la presencia del imputado a efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar, es importante señalar que Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos fundamentales.

La FGE a través de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción una vez notificado el cumplimiento de dicha sentencia interlocutoria estará en actitud legal de combatirla de apego a derecho y poder garantizar la reparación del daño ocasionado con la conducta que se le atribuye al imputado toda vez que el auto de vinculación a proceso que le fuera dictado por el juez de control en el Estado, queda firme y el proceso penal en contra del mismo continua hasta lograr una sentencia correspondiente.

La Fiscalía Anticorrupción combatirá legalmente la determinación emitida por un Juez de Distrito de la ciudad de México al considerar que, no existió ninguna violación a las garantías individuales de Roosevelt “N” durante su detención.

Sin embargo, es importante señalar que en la determinación antes señalada, el Juez de Distrito no desestimó la posibilidad de que se dicte una nueva medida cautelar, misma que será solicitada por la institución con la finalidad de garantizar la recuperación del patrimonio de los quintanarroenses.


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