Carlos Águila Arreola
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 12 de noviembre, 2019

Con una carta al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vecinos de Puerto Morelos denunciaron una red de corrupción entre autoridades municipales y estatales para favorecer a grupos afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al ex gobernador Roberto Borge Angulo para despojarlos de terrenos costeros valuados en más de 300 millones de pesos.

Araceli Domínguez Rodríguez, presidente del Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y vocera de los afectados, dijo en entrevista con [i]La Jornada Maya[/i] que ya han presentado varias denuncias ante el Ministerio Público desde hace tres años, así como diversos amparos y que actualmente están a la espera de la resolución de juicios civiles y reivindicatorios.

La ambientalista dijo no entender porqué la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) no acompaña la batalla de los portomorelenses, pues la mayoría de cada predio invadido afecta el fondo legal (porción del ejido destinada al asentamiento humano; es decir, a la construcción de las viviendas de los ejidatarios).

“Pese a que nuestros predios están invadidos en un 20 por ciento del terreno; 80 por ciento de los predios invadidos son del gobierno del estado, y no ha querido hacer nada; la Agepro no ha querido presentar ninguna denuncia, tienen documentado todo porque les hemos llevado cómo es que se han metido a esta zona y sin embargo los han dejado. El gobernador lo único que nos ha dicho es que es un problema entre particulares, lo que es una falsedad”, mencionó.

La activista dejó en claro que todo se fraguó durante la administración de Roberto Borge Angulo –actualmente preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del estado de Morelos– cuando emitieron todos los documentos falsos, desde el Registro Público y otras dependencias.

También denunció la falsificación de documentos, firmas y sellos para que la Tesorería de Puerto Morelos cobrara prediales, incluso con coordenadas geográficas que corresponden a la isla danesa de Groenlandia y de Europa del Este. La denuncia puso al descubierto una red de corrupción entre empresas desarrolladoras con sede en Yucatán, notarías públicas de Puebla y Quintana Roo.

[b]La carta a AMLO[/b]

También están incluidos el comisariado ejidal, el Registro Público de la Propiedad, la Dirección de Catastro y la Tesorería de Puerto Morelos para que grupos afines al PRI se apoderen de un total de 60 predios en la zona costera del municipio portomorelense, así como en la Ruta de los Cenotes y el poblado de Leona Vicario.

“Presentamos una carta a López Obrador, hubo una respuesta; ahorita ya hay un abogado que nos está asesorando, que nos está ayudando a ver de qué manera podemos resolver esta situación. Nuestro referente es un abogado llamado Mateo Ramón Reyes Alpuche, que es quien está organizando todo esto, junto con la Agrupación Gajo del Sureste, que han estado presentando documentos y títulos de propiedad falsos”, explicó.

Aseguró que la autoridad municipal de Puerto Morelos, con Laura Fernández Piña a la cabeza, y su Tesorería, a cargo de Eligio Sierra Peña, aceptan pagos de predial a nombre de personas ya fallecidas o bien de prestanombres ligados a ese partido que viven en zonas humildes, siendo supuestamente propietarios de predios con valor de millones de pesos.

Esos pagos facultan a supuestos dueños a bardear e iniciar obras en los predios despojados, mientras que los verdaderos propietarios están en un juicio de despojo y son amenazados por grupos paramilitares o acosados con demandas laborales de supuestos ex empleados, resueltas en 48 horas por tribunales locales donde casualmente trabajan hijos de los notarios o de servidores públicos involucrados en los robos.

Domínguez Rodríguez indicó que en la misiva entregada al Ejecutivo federal se le informa que Eligio Sierra bloquea a los verdaderos dueños y favorece los pagos de los prestanombres y empresas desarrolladoras, responsables del despojo de terrenos en la zona costera del municipio portomorelense llamada Punta Brava.

“Ya la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contestó que no existen tales títulos de propiedad; está inmiscuida también la Notaría 41; la empresa Agrupación Gajos del Sureste es fantasma, no tienen actividad económica. En la FGR ya lo subieron a otro nivel, para investigar como crimen organizado, porque ese abogado (Mateo Ramón) tiene invasiones en Chetumal, Mahahual, obviamente Puerto Morelos y algunos otros lugares", externó.

Desde 2018 Eligio Sierra aparece como tesorero municipal de la administración de Puerto Morelos. El funcionario seguía en funciones hasta este año, pero se sabe que busca convertirse en auditor del estado de Puebla, quizá para tratar de tener un fuero que le permita evadir una posible responsabilidad en caso de que el gobierno federal inicie la indagatoria, como piden los denunciantes en su carta al Presidente de la república.


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