Francisco J. Rosado May
La Jornada Maya

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Domingo 28 de julio, 2019

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Foro de Consulta Previa, Libre e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, con el objetivo de recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de dar contenido a la iniciativa de reforma constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. La consulta fue realizada el sábado 27 de julio, en Felipe Carrillo Puerto.

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Casi mil personas estuvieron presentes en el foro, del cual 90.6 por ciento fue población de origen maya yucateco, pero también hubo representantes de akatecos, kanjobales, mam, náhuatl y zapotecos. También asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, autoridades comunitarias, liderazgos y, la gran mayoría, población de comunidades de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, principalmente.

Para cumplir con el objetivo de la consulta, fueron establecidos principios rectores que guiaron el proceso. El foro contó con seis mesas en donde discutieron temas que tocaron diferentes aspectos de la diversidad de derechos humanos que aplican a los pueblos indígenas:

Mesa 1.- pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, libre determinación, nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.

Mesa 2.- derechos de las mujeres indígenas, derecho de la niñez, adolescentes y jóvenes, migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos. En este último tema, participaron representantes de organizaciones del norte del estado, donde están presentes los 68 pueblos indígenas de México y al menos otras 10 provenientes de otros países. Cabe recordar que en el norte de Quintana Roo hay alrededor de 400 mil indígenas invisibles.

Mesa 3.- sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional, participación y representación de los pueblos indígenas en instancias de decisiones públicas, tanto a nivel local, estatal como federal y acceso efectivo a la jurisdicción del estado. En este tema participaron jueces tradicionales de 16 comunidades provenientes de cuatro municipios.

Mesa 4.- tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas, consulta libre previa e informada, desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria.

Mesa 5.- patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, educación comunitaria, indígena e intercultural, salud y medicina tradicional, comunicación indígena, comunitaria e intercultural.

La mesa 6, dedicada al pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales, no se abrió porque no hubo representantes.

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Aunque todas las mesas tuvieron discusiones fuertes y con mucha participación, uno de los asuntos de mayor mención fue el de la discriminación por la lengua, por el color de piel y por el origen. La discriminación se manifiesta en diferentes formas, desde no tener personal que entienda y hable la lengua local, hasta no reconocer las diferencias culturales en las formas de hacer las cosas, solucionar problemas, atender la salud, educación, etcétera.

Otro tema de interés fue el derecho a la consulta que tienen los pueblos cuando alguna decisión o proyecto o política o reglamento o ley afecta sus tradiciones, sus saberes o su territorio. Este derecho, reconocido por México en convenios internacionales, deben ser elevado a nivel constitucional para poder emitir las leyes secundarias que las consultas tengan pertinencia y certidumbre.

Los indígenas, como personas y como pueblos, actualmente son considerados sujetos de interés público. Puesto así en la legislación actual, el término implica fácilmente que los indígenas son objeto de desarrollo. En la práctica, esto quiere decir que las decisiones que definan su desarrollo pueden ser emitidas desde afuera y por personas que no tienen la sensibilidad cultural necesaria. Los pueblos deben tener el derecho de decidir sobre las mejores formas de educación, de salud, de manejo de sus recursos naturales, de gobernanza, de solución de conflictos, de participación en el desarrollo del país desde su propia cosmovisión, etcétera.

Fueron mencionados casos de violaciones de derechos humanos de diferente naturaleza, desde casos que no se han atendido en el sistema penitenciario, en el de defensa, hasta el no seguimiento a quejas presentadas ante la comisión de derechos humanos del estado, la falta de estadísticas confiables, la mala actuación de visitadores que permiten la impunidad y falta de castigo para los violadores de derechos humanos, hasta la incertidumbre de que al analizar un caso relacionado con indígenas, el visitador(a) trate el caso en ese contexto.

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Los casos anteriores solo son un ejemplo de la gran cantidad de temas que abordados y otros que, en materia de derechos, no emergieron. Que lo anterior exige y demanda mayores discusiones, sin duda alguna. No será fácil, pero tampoco imposible lograr acuerdos básicos. El paso de hacer visible los problemas y retos en materia de derechos humanos es apenas el primero. Se hicieron propuestas que confluyen claramente en la necesidad de reformar la Constitución y leyes secundarias y estatales.

La conformación de un comité ciudadano de seguimiento es un paso en la dirección correcta. Los 10 representantes, con equidad de género, elegidos en forma democrática, serán el portavoz de los retos y propuestas que fueron discutidos en Felipe Carrillo Puerto, a nivel nacional. El paso siguiente estaría en manos del Ejecutivo federal, quien al tener en sus manos los elementos necesarios para justificar la reforma a la Constitución, lo turnará al Poder Legislativo. Los ciudadanos y las organizaciones estaremos dando seguimiento del tema.


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