Carlos Águila Arreola
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 25 de junio, 2019

Durante los últimos siete años, seis hoteles de Cancún no han pagado alrededor de 230 millones de dólares por violar los derechos de autor tras el uso de películas y series de televisión, entre otras producciones audiovisuales tanto en sus zonas comunes como en las habitaciones.

Carlos Manuel Gómez, director general de Licencias y Servicios Audiovisuales (LYSA), informó que el pasado domingo 23 de junio el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, por sus siglas) hizo un operativo de inspección a requerimiento y denuncia por posibles infracciones en materia de comercio.

Explicó que es un procedimiento muy común llamado de infracción en materia de comercio por violación al derecho de autor que puede solicitar, por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y también desde el plano musical y de la literatura, y explicó por qué sólo demandaron a seis hoteles, cuando en la Zona Hotelera hay más de una centena.

“Nosotros hemos requerido en la Ciudad de México, también en otros rubros, no solamente el hotelero, y en Guadalajara, estoy pensando en los últimos siete años: Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México y Cancún. Por limitaciones operativas y presupuestales nuestras, no tenemos un presupuesto, por eso vamos poco a poco”, sentenció.

El empresario de origen argentino recordó que los centros de hospedaje demandados fueron el Secrets The Vine, Melody Maker, Marriott, Park Royal Cancún, Grand Oasis Cancún y Flamingo Cancún Resort, el último propiedad del actual presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón.

Añadió que durante 84 meses han intentado cobrar por todos los medios, pero sólo obtuvieron negativas y adelantó que van por varios centros de hospedaje de la Riviera Maya por la misma causa: la violación de derechos de autor.

El entrevistado comentó que en el mismo lapso pidieron en incontables ocasiones reunirse con los directivos de los inmuebles defraudadores, y que al ver la negativa recurrieron a otra instancia, la Junta de Avenencia del IMPI, que es conciliatoria y en donde han encontrado con la parte jurídica de los hoteles indiciados; empero, allí no es obligatorio llegar a un acuerdo.

“Sí llegan, pero ahí es donde nos damos cuenta que los abogados de los hoteles entienden perfectamente el tema, y nos dicen: tienen razón, pero mi jefe no quiere pagar. Son hoteles que promedian los 500 cuartos (…) 30 dólares por año por habitación es lo que han dejado de pagar, no necesariamente lo que estaríamos reclamando”, mencionó.

De acuerdo con las cifras que dio el director de LYSA, serían nueve mil cuartos en promedio por los que tendrían que pagar, nada más de sanción, 30 dólares; es decir, 90 mil dólares, que multiplicados por los 365 días del año arrojan 32 millones 850 mil, cantidad que a su vez se reproduce por siete años, lo que da un total de 229 millones 950 mil dólares.

Carlos Manuel Gómez aclaró que esa cantidad no necesariamente es lo que reclaman, porque, de acuerdo con las leyes civiles mexicanas, lo que está penalizado en el caso de daños y perjuicio es el beneficio obtenido por usar el producto sin permiso, lo que podría derivar en parte de lo recaudado por la ocupación en los últimos siete años en cada uno de los seis hoteles involucrados.


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