Autoridades de PGR deberían ser encarcelados: Abogados

Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 23 de noviembre, 2017

Las máximas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) están en desacato y deberían ser encarcelados, sentenciaron los abogados de los dueños de más de mil 500 cajas incautadas; en tanto, el encargado de despacho de la dependencia Alberto Elías Beltrán, ofreció reducir los requisitos para la devolución de bienes.

Con una hora de retraso, el funcionario federal ofreció una conferencia en la que declaró que los hallazgos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) permiten corroborar el uso del crimen organizado a muchas cajas de seguridad para almacenamiento de insumos producto de actividades ilícitas.

Recordó que se han hallado millones de recursos en efectivo (dólares y pesos), tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado e incluso armas de fuego.

Más de 500 cofres no han sido reclamados, lo que permite corroborar que, junto con las investigaciones y hallazgos en varios de éstos, que eran utilizados por el crimen organizado.

“Los contenidos de más de la mitad de las mil 540 cajas no han sido reclamados. Es un tema atípico; nunca nos habíamos topado con algo así. Por ello las medidas extraordinarias”, y emitió una disculpa pública “a los afectados con un modo honesto de vivir que han sido incomodados, a los que se entregarán sus pertenencias de manera inmediata”.

En ese sentido, Elías Beltrán aseguró que se agilizaría la entrega de bienes “reduciendo y sin pedir requisitos innecesarios; son las instrucciones a la Seido; además, duplicaremos al menos el personal para atender a los titulares de las cajas, y bajo ninguna circunstancia tendrán que viajar a la Ciudad de México para reclamar el contenido”.

Informó que a la fecha se han entregado contenidos a 292 propietarios, y que desde el 9 de noviembre pasado la Visitaduría General de la República, de la PGR, inició inspecciones y visitas de evaluación técnico-jurídicas para verificar la actuación de los servidores públicos que participan en las diligencias.

Sobre si el personal de Seido está en desacato al negar el acceso a actuarios judiciales a hacer una inspección ocular a First National Security (FNS), que sólo fue una orden de cateo al inmueble y no a las cajas de seguridad, de acuerdo con el juez séptimo de distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, el funcionario aseguró que era erróneo.

“La PGR en ningún momento ha impedido ninguna diligencia autorizada por el Poder Judicial; al contrario, hemos estado en comunicación y hoy mismo hubo una reunión entre la Seido y ese poder para que se pudieran realizar inspecciones oculares, entre otras; lo único que las detiene es la fecha y la hora que se indique, y que se realizarán la próxima semana.”

“No ha habido desacato, pero será la Visitaduría la encargada de revisar las actuaciones de los agentes del Ministerio Público Federal para determinar responsabilidad administrativa o penal”, y sostuvo que “en ningún momento se ha pedido a los afectados que se desistan de amparo o de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.

Al término del encuentro de la PGR con medios, David Uribe Gosselin, portavoz de los afectados, señaló que son más de 900 las personas que están en lista de espera para la devolución de sus pertenencias.

“Nosotros no teníamos el número de cajas devueltas por seguridad de los usuarios, pero ellos acaban de decir que son 292 las que se han devuelto.”

El vocero de los afectados estimó que lo dicho por el encargado de despacho de la PGR “son verdades a medias porque apenas tienen cuatro y cinco días recaudando información, cuando nosotros tenemos mes y medio”.

Alertó que todos los involucrados se sienten expuestos y tienen miedo del crimen organizado porque ahora nos tienen fichados como personas con cajas, lo que no necesariamente significa que tengamos mucho dinero, “y es que las cajas tenían un costo de renta de dos mil pesos al año, algo muy económico”.

Por su parte, el abogado Rafael Ermilo Colonia Lizama, dijo que el próximo 18 de diciembre, luego que no permitieron entrar con tres actuarios a al empresa asegurada, pese a una orden judicial, se solicitó al juez el auxilio de los medios de apremio, incluyendo el uso de la fuerza pública y se autorizó una nueva inspección ocular.

“Permitirá entrar a los actuarios a revisar y dar fe de cómo están nuestras cajas: si ya se abrieron, si se excedieron y si las abrieron ante dos testigos. No podían abrirlas sólo ellos; qué va a pasar e 18. Vamos a regresar con los actuarios y nos tienen que dejar entrar. Es mentira lo que dice el señor (Alberto Elías), que dieron todas las facilidades.

“No es verdad, tengo las grabaciones; soy uno de los despachos que participó, y no nos dejaron entrar. Dijo que la disculpa pública del funcionario es falsa, es una mentira. Tal vez no es una burla, es una disculpa ante los medios. Ustedes escucharon lo que ellos quisieron decir, pero no es verdad. Los afectados y litigantes saben que no es cierto”, sentenció.

El jurista agregó que si tras la solicitud de amparo se les concede la suspensión definitiva, les tienen que devolver por la vía legal todas las pertenencias sin acatar los requisitos que ellos están pidiendo, y sostuvo que “las autoridades de la PGR están completamente en desacato, así lo determinó la autoridad federal”.

Y sobre si el personal de la Seido que negó el acceso a los actuarios y el personal de la PGR por solaparlos deberían estar encarcelados, Colonia Lizama señaló que “la autoridades federal determinó que están en desacato y por supuesto que sí, y el actuario se los dijo a los de la Marina, y el nuevo sistema de justicia penal permite que procedamos en su contra”.