Carlos Águila Arreola
Foto: Info QRoo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Domingo 12 de noviembre, 2017

El drama de las cajas de seguridad de la empresa First National Security llegará al Senado: la legisladora perredista Luz María La Güera Beristain Navarrete llegó a manifestar su apoyo a los afectados, y se llevó una carta con 500 firmas que solicitan el apoyo de los legisladores de la Cámara Alta para agilizar la entrega de pertenencias.

No obstante, el sábado entregaron las pertenencias de la primera de las cajas incautadas el pasado 9 de octubre por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), por una urgencia médica, a una mujer que pidió el anonimato y que sólo dijo que fue bien tratada durante la entrevista.

La Güera Beristain pidió la renuncia de Alberto Elías Beltrán y Alonso Israel Lira Salas, titulares de la PGR y la Seido, respectivamente) porque no tienen por qué llegar a ningún estado a violentar los derechos humanos de los ciudadanos

“Aquí ya atemorizaron a los afectados. La mitad dice que no vaya a decir su nombre, ¡claro que no! Yo no voy a exhibir a nadien (sic), vengo a solidarizarme. Me llevo un documento firmado por más de 500 personas; lo vamos a presentar en la Ciudad de México, lo voy a presentar en el Senado para que se les devuelvan sus pertenencias, expedita, ágilmente y completas, que no les sigan agarrando cosas porque esto huele mal.”

La senadora añadió que también lo presentará a quien dirige la Seido, al de la PGR; al presidente del Poder Judicial, la ministra Luisa María Aguilar Morales, quien al mismo tiempo es la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), al mismo presidente Enrique Peña Nieto y al dirigente del Senado, el verde-ecologista Pablo Escudero Morales.

[b]Retraso[/b]

Sin embargo, la entrega de cajas de seguridad se podría extender hasta el próximo año, pues las audiencias se han retrasado en forma exponencial, denunció un grupo de propietarios que solicitó el anonimato porque “si nos ubican capaz nos mandan hasta el final”.

De acuerdo con David Uribe Gosselin, vocero de los afectados, las expectativas eran que los tres agentes del Ministerio Público Federal entrevistaran de entre 30 y 60 personas diarias, pero hasta la noche del viernes, cuatro días que iniciaron las entrevistas a los afectados, el promedio era de entre 15 y 17 al día, mismo promedio para sábado y domingo.

El viernes, el portavoz estimó que el ritmo de las entrevistas “va muy mal, muy muy lento”, y en ese sentido coligió que “será mucho más de una semana el tiempo para que se terminen de reintegrar las propiedades”.

Ese ritmo hace prever que como mínimo se cuadruplicará la espera; inclusive, se volverá a pedir la intervención de Derechos Humanos para cuando se lleven a cabo las entrevistas y evitar que se sigan violando garantías.

Salvo casos muy excepcionales, quizá por urgencia médica, la entrega de cajas de seguridad a sus propietarios empezaría los primeros días de diciembre, cuando se acabe de entrevistar a las 703 personas que se anotaron en la lista que se entregó a la Seido.

“Pero como se avecinan las vacaciones decembrinas, es muy posible que la mayoría de cofres se regresen a principios del próximo año, es el temor que tenemos. La mayoría seguimos de guardia”, aunque ahora sin bloquear la avenida Cobá, que estuvo cerrada por 11 días y que apenas fue reabierta la noche del pasado martes 7 de noviembre.

Y es que parte de los acuerdos fue que se entregarían las pertenencias hasta la conclusión de las audiencias, cuyo orden es: por emergencias médicas, documentos de identidad, adultos mayores, y pago de nóminas y pensiones.

[b]Lentitud[/b]

Así, a cuatro días que empezaron las entrevistas, los dueños de las cajas de seguridad se quejan de la lentitud, pues en promedio sólo entre 15 y 17 son cuestionados al día, y algunos aseguran que se violan sus garantías al indagar sobre sus pertenencias cuando el acuerdo fue no hacer tantas preguntas sobre el contenido, a menos que sea algo ilegal.

Olegario “N” comentó que hay molestia porque 703 personas tendrán que ser entrevistadas y porque durante la audiencia, en todo momento se siente el hostigamiento por parte de los ministerios públicos.

Por su parte, Evangelina “N” se dijo en alerta porque “tienes la sensación de que en cualquier momento el personal de la Seido puede abrir carpetas de investigación en contra de los dueños que por una u otra causa no puedan comprobar la procedencia de sus artículos”.


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