Joana Maldonado
Foto: cortesía
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 15 de junio, 2017

Con dos votos en contra de diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la XV Legislatura de Quintana Roo aprobó la eliminación del fuero constitucional, al avalarse reformas a la Constitución Política del estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como al Reglamento para el Gobierno Interior, aunque los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que el nuevo marco jurídico podría ser impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia.

Durante la sesión del Tercer periodo extraordinario de sesiones, que comenzó con tres horas de retraso, pues estaba programada a las 11 de la mañana, los legisladores que aún continuaron con el cabildeo en el pleno, debatieron durante dos horas sobre el dictamen que el pasado miércoles por la noche aprobaron los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, con base a las propuestas de diversas bancadas.

En lo general, el dictamen por el que se derogan todas las disposiciones relativas al fuero de servidores públicos fue aprobado por 21 votos de igual número de diputados asistentes; en lo particular, José de la Peña Ruiz de Chávez y Santy Montemayor Castillo, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVME), votaron en contra.

Durante la sesión, los diputados sostuvieron que el privilegio del fuero constitucional, mantenía inequidad en el trato a los ciudadanos, pues generaba impunidad a los que eran servidores públicos, dada la imposibilidad de proceder penalmente en su contra pese a que quebrantaran la norma y existieran indicios, rastros y evidencias para perseguirlos.

En tribuna, la diputada priísta Leslie Héndricks Díaz afirmó que el dictamen, como estaba planteado, podría ser impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por lo que exhortó a una revisión más exhaustiva, aunque al final votó favorablemente. En tanto, el diputado José de la Peña aseguró que en reuniones previas con magistrados, estos advirtieron su preocupación por esta iniciativa y que fuera violatoria, además de que no aplicará a partir de la actual legislatura sino en la siguiente.

“Para efectos prácticos, el fuero no puede ser renunciable, la ley no puede ser retroactiva”, afirmó De la Peña. Por su parte, Carlos Mario Villanueva, de Encuentro Social, sumó que la Legislatura engañaba a los ciudadanos, pues dichas modificaciones aplicarán a quienes integren el próximo congreso, no a los actuales diputados ni al gobernador.

El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló que esta reforma deberá aprobarse por al menos seis de los 11 ayuntamientos del estado para poderse publicar y entrar en vigencia. Por otra parte señaló que no hay antecedentes que establezcan si las reformas aplicarán o no a los actuales funcionarios.

“No hay un antecedente en el país. Nadie sabe. Apenas se debate una acción de inconstitucionalidad que presentaron en contra de la Legislatura de Jalisco, unos jueces a quienes ya les negaron la suspensión provisional, lo que quiere decir que esos jueces no gozan del fuero ahora”, precisó Martínez Arcila.

En su momento, afirmó, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si aplica o no. Cuando esta reforma entre en vigor, se habrá eliminado todo lo relativo al fuero.

“Si un juez, un diputado o el gobernador cometen un ilícito, deben responder como cualquier ciudadano, no tendrían por qué no. Queda establecida la inviolabilidad de este recinto, creemos que estamos actuando bien, hacemos lo que nos corresponde, pero no podemos no actuar”, sentenció.

De acuerdo a lo aprobado, se reforman los artículos 72, 75, 162 y 163 de la Constitución del estado en lo relativo a la declaratoria de procedencia, así como modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.


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