Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando García Zalvidea
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 29 de mayo, 2017

La anulación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) significa la paralización del desarrollo de Cancún, pues además de revocar licencias ya emitidas, abriría las puertas a conflictos jurídicos que detendrían construcciones muy avanzadas, lo que alarma a los hoteleros, quienes cada vez están más distanciados del gobierno municipal.

Cuando el 11 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo) decretó la nulidad del PDU de Benito Juárez 2014-2030 por ilegal, dejó en incertidumbre a más de cinco mil millones de pesos en inversiones, y 50 mil empleos de la industria de la construcción.

La mencionada decisión tiene su origen en un litigio entre las familias Cosío, propietaria del grupo hotelero Las Brisas, y la Riu, de la cadena del mismo nombre, a raíz del hotel que los españoles querían levantar junto al de los mexicanos, a quienes no gustó que junto a su hotel de lujo hubiera un todo incluido más económico. La acción eliminó, entre muchas otras, la autorización para construir el hotel Riu Riviera Cancún, cuyas obras fueron detenidas en marzo de 2016 por orden de un juez de distrito.

El Tsjqroo determinó que el PDU fue aprobado sin cumplir los requisitos de fundamentación y motivación legal del artículo 139 de la Ley de Municipios de Quintana Roo, en relación al 30 de la de Asentamientos Humanos.

La misma resolución eliminó la autorización de la licencia de construcción 68269, del 19 de diciembre de 2014 por Rolando Melo Novelo, secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, a favor de la firma mallorquina “Mx Riusa II, SA de CV”, que pagó 38 millones de dólares por un terreno.

[b]Hoteleros afectados[/b]

La decisión del magistrado significó un revés para el ayuntamiento que encabezó el priísta Paul Michell Carrillo de Cáceres, que en agosto de 2014, durante la octavo sesión extraordinaria de cabildo, aprobó el entonces polémico y ahora ilegal, por presuntos actos de corrupción, PDU del centro de población de Cancún.

La derogación del PDU significaría evitar que se construya un hotel, pero también la paralización de múltiples proyectos, porque la posibilidad de revocar licencias ya emitidas sería abrir la puerta a conflictos jurídicos que detendrían el desarrollo de Cancún.

Es este supuesto el que alarma a los hoteleros y decenas de inversionistas, algunos con desarrollos ya en construcción, y otros con proyectos avanzados.

Por ejemplo, el empresario Francisco Córdova Lira lamentó que “así como tenemos el primer lugar en empleo, también tenemos el primero en impunidad y corrupción, así como el peor Legislativo, con funcionarios sin la más mínima moralidad y un desconocimiento total de cómo legislar”.

El gobernador Carlos Manuel Joaquín González afirmó por su parte, que analizará las implicaciones de la sentencia para el municipio; agregó que el ayuntamiento y gobierno deben tener programas de ordenamiento muy bien estructurados jurídicamente.

[b]Revisión del PDU, necesaria[/b]

José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho de Quintana Roo, añadió que decenas de obras en construcción tendrían que ser clausurados por el ayuntamiento; de no hacerlo, el presidente municipal, el supuesto “verde-ecologista” Remberto Estrada Barba podría ir a la cárcel porque caería en desacato.

Dijo que el PDU vigente es el de 2005, lo que significa que “los desarrollos que hoy se construyen con licencias de la administración municipal pasada, tendrían que ser demolidos”. Todo se compondría con crear uno nuevo, lo que podría suceder este lunes por la tarde, pues habrá sesión extraordinaria de cabildo.

“Y el cabildo tendrá que revisar el PDU 2005, actualizarlo, votarlo y aprobar uno nuevo para salvaguardar la inversión de desarrollos, porque algunos ya tienen incluso entre 70 y 80 por ciento de avance.”

“Sería irresponsable no revisar y actualizar el PDU. La revocación generaría la pérdida de casi 50 mil empleos directos… el desarrollo urbano quedó en el limbo y se perdió la seguridad jurídica para los inversionistas en el municipio de Benito Juárez; incluso, ya se habla de retirar inversiones”, alertó Chilón Colorado. “El ayuntamiento tiene una enorme responsabilidad porque está dañando a la industria de la construcción y hotelera”.


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