Avanzaremos en investigación a pesar de amparo: Ramos

Joana Maldonado
Foto: Vocero Q. Roo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 03 de mayo, 2017

El “sospechosísimo” juzgado quinto de distrito, como lo calificaron los diputados, concedió un amparo provisional a Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante la administración de Roberto Borge, en virtud del juicio político que se sigue en su contra por un supuesto desvío de hasta mil 400 millones de pesos.

Sin embargo, pese a haberse concedido una suspensión provisional al procedimiento, la Comisión Instructora que analiza la demanda de juicio fue instalada este miércoles en el Congreso del estado.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de esta Comisión, reveló que se estudiará, analizará y determinará la procedencia de la denuncia de juicio político interpuesta por Fabiola Cortés Miranda, de [i]Somos tus ojos Quintana Roo A.C.[/i], por el presunto desvío de recursos por un monto de mil 400 millones de pesos.

Los diputados están por solicitar a la Sefiplan el informe de transferencias que se realizó a los Fideicomisos de Promoción Turística provenientes del impuesto al hospedaje y que presuntamente fueron desviados en la administración de Roberto Borge Angulo por el encargado de las finanzas, indicó Ramos Hernández. También se requerirá información a los ayuntamientos y la Auditoría Superior del estado.

“Lo que hicimos hoy fue analizar esta demanda que presenta la ciudadana, y revisar los elementos de un amparo que presentó Juan Pablo Guillermo para tratar de evadir la acción de la justicia”, afirmó el legislador.

Tal como hizo el magistrado Carlos Lima Carvajal, Guillermo Molina promovió un amparo ante el juzgado quinto de distrito y éste le otorgó la suspensión provisional. Este mismo juzgado ha emitido otros acuerdos favorables para ex funcionarios. En tanto, el Congreso no podrá emitir conclusiones, pero sí mantener la investigación.

Juan Pablo Guillermo, quien también fungió como presidente ejecutivo de los fideicomisos mencionados, argumenta que el Congreso se extralimita en sus funciones para realizar un juicio político en su contra. Es el segundo amparo que presenta ante la autoridad jurisdiccional.

“Avanzaremos en las investigaciones a pesar de este amparo, pero en tanto no podamos emitir conclusiones, tenemos un plazo para notificar al Pleno, y mientras avanzaremos”, reiteró Ramos Hernández.

Se garantizará, aseguró, en todo momento el derecho constitucional de audiencia y el respeto al debido proceso.

La Comisión Instructora para la revisión de la demanda en contra del ex funcionario está integrada por los diputados Ramos Hernández, del PRD, Jesús Zetina Tejero, del PAN, y José Luis González Mendoza, del PRI.