Carlos Águila Arreola
Foto tomada del Twitter @STYPS_QROO
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 19 de abril, 2017

En el despojo de inmuebles y dinero a particulares y empresarios en la zona norte de Quintana Roo se utilizaron documentos oficiales falsificados, como parte de los juicios laborales simulados, reveló Catalina Saarvelia Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social en el estado.

En conferencia, la funcionaria anunció la “Jornada de Caducidad” para combatir el rezago y brindar justicia pronta y expedita, debido a que hay 46 mil 736 juicios heredados de la administración anterior, de los que 4 mil 136 expedientes, el 13 por ciento, están inactivos por falta de promoción por parte del demandante.

Comentó que la campaña durará seis meses, hasta el próximo 17 de octubre, tiempo en que “se prevé el desistimiento de la acción intentada por el trabajador cuando no haya la promoción necesaria para continuar el juicio por cuatro meses continuos tras cumplir tres etapas: Diagnóstico, Implementación y Cierre”.

En cuanto al estado de los casos de despojo que lideró el ex gobernador Roberto Borge Angulo junto con algunos funcionarios de su gabinete, reveló que la cantidad de expedientes se elevó a 45 en las juntas especiales 1, 2 y 3 de Cancún y en la de Playa del Carmen, que involucran 30 inmuebles y alrededor de 50 millones de pesos sustraídos de cuentas bancarias.

Hasta ahora se ha comprobado la participación de cuatro notarías –entre éstas la 22, de Isla Mujeres, cuya suplente Yolanda Solís Olveres, se prestó para despojar cuatro departamentos de lujo en la torre Maioris, que fueron restituidos hace dos semanas– y seis despachos de abogados en los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).

“Hay trabajadores ficticios de esos juicios a modo, que ya cobraron algunas cantidades en los bancos, y los afectados –patrones y empresas– recurrieron al amparo para solicitar la devolución del dinero que se cobró de manera indebida”, aseguró.

Portillo Navarro agregó que, en uno de los casos, se ha requerido al supuesto trabajador en el domicilio señalado en la credencial de elector, y ya se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que proporcione la dirección actual de esa persona, y la respuesta fue que no existe ninguna mica a nombre de dicho individuo.

“Por el momento tenemos sólo ese caso, pero muchos de los supuestos involucrados no son trabajadores… es una simulación total, ese plástico con el que se identificó no existe y no hay una fotocredencial expedida a favor de esa persona”, enfatizó.

La secretaria estatal del Trabajo abundó que “entonces se dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que nos diga quién cobró ese cheque (de 5 millones de pesos) y si hay más recursos los congele para recuperarlos, además de que corresponde a los afectados dar caso a las autoridades fiscales”.

La funcionaria señaló que ahora el Servicio de Administración Tributario (SAT) está solicitando informes a las autoridades laborales sobre los 45 juicios para corroborar la declaración de las compañías afectadas, porque 41 reportaron estar en contingencia económica y menoscabo patrimonial, situación que busca confirmar la autoridad fiscal.


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