Borge regaló periodo de escoltas a Félix González

La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 17 de abril, 2017

Trece días antes de que concluyera la administración de Roberto Borge Angulo, el 12 de septiembre de 2016, el Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos, presidido por el entonces secretario de gobierno, Román Quián Alcocer, autorizó por seis años más, un segundo periodo de servicio de 18 escoltas, mismo número de armamento y equipos de radiocomunicación, así como el uso de siete vehículos particulares, entre ellos dos [i]Suburban[/i] de reciente modelo, al ex gobernador y actual senador, Félix González Canto.

De acuerdo con el acta de la sexta sesión de ese comité, que se llevó a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno el pasado 12 de septiembre de 2016 a las 10 horas, estuvieron presentes, el entonces secretario de gobierno, Román Quián, en su calidad de presidente; y como miembros: el ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; el ex oficial mayor, Víctor Viveros Salazar; el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez y el entonces fiscal general, Carlos Arturo Álvarez Escalera.

Fungiendo como secretario el ex fiscal general, se dio lectura al texto, suscrito por el senador, Félix González, en el que solicitó “continuar con el estado de fuerza que tiene asignado para la prestación del servicio público de escolta en términos de lo establecido en los artículos 51 y 53 de la Ley de Seguridad Pública del Estado”.

Aunque el lapso de seis años del servicio de escoltas al que tuvo derecho tras su periodo como gobernador venció el pasado 5 de abril de 2017 (a seis años exactos de la toma de protesta de su sucesor, Roberto Borge), a sabiendas de la posibilidad de que le fuera negado, el senador adelantó su petición.

En el escrito citado, el cual fue entregado a la secretaria de Gobierno el nueve de septiembre del mismo año, y cuya copia está en manos de la redacción de [i]La Jornada Maya[/i], el senador refiere el Artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública que fue reformado el 29 de junio por la XV Legislatura, y cita que: “el gobernador del estado, tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática, así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo”.

González Canto aclara que dicho artículo no menciona un periodo de tiempo para continuar como ex gobernador, pero sí menciona que éste será de manera automática al concluir su periodo, “sin embargo, si la interpretación fuera de manera limitativa al mismo periodo de tiempo que duró la gestión de mi administración, la cual fue de seis años”.

“Solicito a ustedes, miembros del Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos, ser acogido dentro de los términos del Artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública que a la letra dice: ‘Los ex servidores públicos para gozar del servicio público de escolta, requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un mismo término, en tanto que el interesado acredite ante el Comité correspondiente que subsista la necesidad’”.

El senador cita como justificación a su petición que, durante su gestión, se tomaron “decisiones de manera conjunta con los otros niveles de gobierno, para enfrentar las distintas expresiones de la delincuencia organizada en el estado, lo cual representará un riesgo permanente personal y familiar durante un tiempo indefinido”.

“Ejemplo del riesgo permanente que implica en estos tiempos ser un ex gobernador, están los casos del atentado y muerte del ex gobernador, Jesús Silverio Cavazos de Colima o del asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como dos de muchos ejemplos conocidos ampliamente”, establece.

“Como es de su conocimiento, actualmente soy Senador de la República, donde participo en distintas actividades que me hacen viajar a lo largo y ancho del país, incrementando el riesgo de algún tipo de atentado o agresión hacia mi persona, cónyuge e hijos”, abunda en el documento.

Por esos motivos, el ex gobernador solicita le autoricen un segundo periodo del estado de fuerza que presta el servicio público de escolta “es sólo lo indispensable para mis requerimientos de movilidad en diferentes partes del país y, sobre todo, menos de la mitad de lo que un servidor utilizaba cuando fungía como gobernador”.

Tras la lectura del escrito del Senador, Román Quián se dirigió al resto de los miembros del Comité, para afirmar que el ex gobernador “no está libre de la delincuencia que impera en el país y que sus viajes constantes por el cargo que ostenta como senador, hacen que el riesgo se incremente, tanto para él como para su familia”, motivo por el cual pide le sea autorizada su solicitud.

“Este Comité, se da por enterado del total de elementos, armas de cargo, equipos de radiocomunicación y vehículos que constituyen el servicios público de escolta con que cuenta el licenciado Félix González Canto, cónyuge e hijos para su protección”.

El acuerdo, fue aprobado de manera unánime por todos los miembros del Comité.

[b]Personal, equipo y vehículos[/b]

En los documentos, se lee un listado en el que se detalla el número de personal que brinda el servicio de escolta al ex gobernador: 16 hombres y dos mujeres, 15 de ellos con equipos de radiocomunicación marca Motorola, y 14 con armas tipo carabina y fusil; además de siete vehículos: dos Suburban modelo 2015, un Malibú 2014, un Traverse 2014, un Cruze 2014 y una Jeep Cheroke 2011.

[b]Analizan irregularidades del comité[/b]

Sin embargo, el acuerdo podría derogarse, pues no existe reglamentación para las sesiones de dicho comité, por lo que desde la secretaría de Gobierno de la administración de Carlos Joaquín González, se ordenó una revisión en los procedimientos.

El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, aseguró que el próximo martes se reunirán los actuales integrantes del comité para corregir las irregularidades en que incurrieron sus anteriores miembros.

López Mena dijo que en el caso del senador Félix González Canto “simple y sencillamente aplicaremos la ley, ni más ni menos”.

[b]Concentran elementos[/b]

Desde el pasado miércoles, el gobierno estatal está concentrando en sus respectivas corporaciones, a todos los elementos comisionados con ex funcionarios o empresas de comunicación que legalmente no tengan derecho a este beneficio.

Los escoltas que fueron requeridos para reincorporarse son 40 de seguridad estatal, 50 de la Fiscalía, 90 del municipio Benito Juárez y 24 de Solidaridad. En total son 204 elementos sin incluir los 36 que de acuerdo con la ley obliga a que siga teniendo el ex gobernador Roberto Borge.

Francisco López Mena, sostuvo que deben ser los quintanarroenses quienes realmente merecen contar con más elementos que estén pendientes de su seguridad.

Todos los escoltas que están siendo recuperados serán incorporados a actividades operativas a fin de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos, dijo.

[b]Reformas recientes[/b]

La designación de escoltas está enmarcada en la Ley de Seguridad Pública, señalada claramente en su artículo 50:

“El servicio público de escolta tendrá dos órganos de decisión respecto del otorgamiento de la protección a servidores y ex servidores públicos: El Comité de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos”.

El Comité de Autorización de Escoltas para Ex Servidores Públicos se integra con el secretario de Gobierno, secretario de Finanzas y Planeación y el Oficial Mayor del gobierno del estado, presidiendo el primero. Concurren solamente con voz al comité referido, el secretario de Seguridad Pública y el fiscal general.

Las reformas aprobadas por la XIX Legislatura, el 29 de junio de 2016, contemplaban escoltas por 15 años para ex gobernadores, esposa e hijos de manera irrevocable y automática; además señalaba que el número de escoltas no podría ser menor al que tuvieron cuando estaban en funciones.

El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila recordó que se echaron abajo esas reformas y aprobó modificaciones a la Ley de Seguridad Pública para reducir el número de escoltas, para que se asignen por petición en el caso de ex servidores públicos vinculados a tareas de gobierno o seguridad pública y se acotó su temporalidad, pues únicamente podrán tener escolta por el mismo número de años que colaboraron en el servicio público.