Ex gerente de Liconsa, a proceso por homicidio

Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 11 de abril, 2017

Un juez de control determinó en una audiencia que la ex gerente de Liconsa en Quintana Roo, Karla T.B.P., debe enfrentar un proceso por el delito de homicidio calificado en contra de su esposo, Marco Aurelio Gutiérrez, quien fue hallado muerto el pasado 19 de marzo, desestimando la argumentación de la defensa legal que advirtió que impugnarán tal resolución.

Al término de la audiencia, que se extendió por varias horas, realizada en los Juzgados Penales orales del Tribunal Superior de Justicia del estado, el abogado Carlos Alvarado Nuche, del despacho “Andrade y Andrade”, dio a conocer que el juez de control determinó vincular al proceso a la ex funcionaria federal, mientras se concluye la investigación complementaria en un término de cuatro meses. En tanto, Karla T.B.P., presunta autora intelectual del homicidio, se mantiene recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso), en Chetumal.

Aclaró que esta disposición del juez de control no quiere decir que tenga sentencia o que no se pueda demostrar su inocencia y acusó que el juez pudo haber actuado en consecuencia de una “presión mediática”.

Advirtió también que la defensa hará uso de los recursos legales para impugnar la decisión del juez de control buscando obtener la libertad inmediata de la mujer, que se encuentra presa desde el pasado 6 de abril.

“El juez, en un equivocado criterio, realizó la manifestación de que no era necesario de que la Fiscalía acreditara todos los elementos del cuerpo del delito, sino que únicamente con que hubiera la presunción de la participación en el delito en el que se le atribuye la participación intelectual”, expresó el abogado.

Bajo ese criterio, agregó, el juez dictó el auto de vinculación a proceso, pese a que la Fiscalía no acreditó plenamente su participación y únicamente hay indicios de que pudo haber participado, elementos suficientes para el juez de control para dictar el auto de vinculación a proceso.

El cierre de investigación será en cuatro meses, para determinar las secuelas procesales.

El abogado añadió que “la Fiscalía hizo una mediana integración de la carpeta de investigación y únicamente pudo acreditar de que efectivamente hay indicios de que pudo haber tenido una participación intelectual, que es la que le atribuye la Fiscalía y el juez, con un criterio, se le hizo suficiente con los datos de prueba”

Lo que presentó la defensa de la ex funcionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es que la Fiscalía nunca acreditó el cuerpo del delito y el nexo causal, además se presentó un dictamen de criminalística de campo particular, para aclarar varias contradicciones, solicitándose la presencia de un elemento de la Policía Ministerial y los dos testigos que no se presentaron.

El pasado lunes, el fiscal general, Miguel Ángel Pech Cen, declaró en relación a las acusaciones de la defensa, que “no estarán pregonando” en medios de comunicación sobre los avances en las investigaciones, pues la Ley exige secrecía y sigilo.

“Las circunstancia periciales y los datos de prueba que fueron recabados. Para nosotros son suficientes para haber judicializado ante un juez de control el expediente respectivo e insisto, el que va a determinar es el juez de control, no el litigio a través de la prensa”, sostuvo.