Propietarios recuperan departamentos, tras despojo

Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 30 de marzo, 2017

Cuatro lujosos departamentos del desarrollo Maioris Towers, en el exclusivo fraccionamiento Puerto Cancún, fueron recuperados por sus legítimos propietarios, de origen español, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Quintana Roo, sobre uno de los más de 30 casos de denuncia por despojo en la administración de Roberto Borge Angulo.

Con un grupo de cinco cerrajeros, la empresa recuperó primero el departamento 8 y luego el 25 de la torre izquierda del complejo turístico; más tarde se hicieron del departamento 80 y el 92 de la torre derecha. El actuario de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje realizó la diligencia, en apego a la orden de un juez federal.

Los bienes identificados con los números 80-P4A-S, 92-P16-A-S, 08-P7-A-N y 25-P4-B-N fueron embargados en el juicio laboral 392/2010.

En el primer departamento había una pareja de origen cubano. La mujer inicialmente opuso resistencia y al final aceptaron salir y sacar sus pertenencias en un camión de mudanzas; en el segundo sólo estaba la nieta de los ocupantes. Durante el proceso hubo apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El abogado Francisco Simán Carpio, apoderado legal de Maioris, indicó que el juicio laboral es el 392/2010, y que cuatro supuestos empleados de la empresa se adjudicaron uno de los departamentos reclamando una indemnización de 1.4 millones de pesos tras un juicio laboral ilegal que derivó en un laudo mediante el cual se embargó la propiedad.

Después de apropiárselo, los vendieron en la misma cantidad (1.4 millones de pesos), pese a que su costo comercial ronda los 7 millones.

“Fueron cuatro los trabajadores que inicialmente vendieron a diversas personas tras adjudicarse en un millón 400 mil pesos un departamento que vale 350 mil dólares, y lo revendieron en la misma cantidad, por medio de un notario”, explicó el abogado, quien tramitó el amparo 405/2016 ante el juzgado tercero de distrito con sede en Cancún.

La juez Ana María Nava Ortega ordenó a la Junta Local número 2 habilitar al actuario para restituir la propiedad de los cuatro departamentos a sus legítimos propietarios.

La empresa lleva otro proceso legal por separado, para recuperar 19 departamentos más que fueron vendidos de manera similar y en los que participó la notaría 22, cuya titular es Yolanda Solís Olvera –de acuerdo con el portal mundonotarial.com.mx– y se ubica en Isla Mujeres. En estas operaciones, presuntamente se utilizaron sellos falsos del gobierno estatal para simular que eran legales.

“Suplantaron la firma de nuestra apoderada, la de un banco acreedor hipotecario, falsificaron documentos, como fue la carta de instrucción de cancelación de hipoteca, además se utilizó un sello como notaria suplente, cuando en esa época, 2011 era notaria titular", señaló la jurista.

[b]Los compradores[/b]

En su momento, el portal Expansión documentó que los departamentos despojados fueron ocupados por funcionarios y políticos de Quintana Roo.

El penthouse 18, por ejemplo, es de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, quien es regidora por el Partido Verde (PVEM) en el municipio de Benito Juárez. La funcionaria compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos del Registro Público de la Propiedad. El verdadero precio es de 10 millones 420 mil pesos.

Entre los dueños también están la que fue directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez, Lydia Esther Portilla Mánica, y Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Otros son Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priísta y socio de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

Apenas en febrero pasado, la titular de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo, Catalina Saarvelia Portillo Navarro, denunció haber recibido amenazas de muerte tras haber interpuesto las denuncias penales correspondientes en contra de los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por al menos 30 casos similares.