Emplaza Carlos Mimensa a Solidaridad por fraude

Victoria Escareño
Imagen tomada de YouTube
La Jornada Maya

Playa del Carmen, Quintana Roo
Martes 7 de febrero, 2017

El empresario local Carlos Antonio Mimensa Novelo denunció públicamente un fraude por casi 800 millones de pesos; aseguró que fue cometido por ex funcionarios públicos y que se inició con la adquisición del Rancho Smyrna, en 577 millones de pesos. También señaló que se ejercieron más de 200 millones de pesos de recursos públicos en terrenos particulares, con pretexto de beneficiar a la colonia irregular Cristo Rey.

El empresario lanzó un ultimátum al gobierno de Solidaridad para proceder y hacer las demandas ante la PGr y mencionó que él también lo hará, señalando directamente a Juan Pablo Guillermo y Mauricio Góngora Escalante, ex secretario estatal de Hacienda y ex edil de Solidaridad. Mencionó que hace unas dos semanas entregó a la autoridad municipal todas las pruebas de las obras que se licitaron, así como las actas constitutivas, sin que hasta ahora se haya procedido en consecuencia: “Quintana Roo está que arde y no hay tiempo, se tiene que exigir que los servidores públicos ejerzan sus funciones. No vamos a permitir el borrón y cuenta nueva. Fue demasiado desfalco”.


Advirtió que de ser necesario se tomarán las calles y cerrarán pacíficamente el Palacio Municipal para exigir que los funcionarios del gobierno estatal y municipal cumplan con su promesa de ejercer la ley.

Precisó que si algo le sucede a él o su familia, hay una lista de 50 nombres de políticos corruptos, “rodarán cabezas”, dijo, refiriéndose a que irá sacando un caso por cada una de las llamadas de amenaza de muerte y de extorisión que siga recibiendo.

[b]Rancho Smyrna[/b]

Después de vender toda la fracción conocida como La Guadalupana, le quedaba un aproximado de 600 hectáreas, el cual se ve claramente que está incluido en el plan de desarrollo urbano.

Por motivos de una disputa familiar se subdividió en 2 partes, cada una de 300 hectáreas aproximadamente, quedando de la siguiente forma: la señora Mildred del Socorro Vivas Anduze y Julio Humberto Camargo Arjona, por una de las familias, con 300 hectáreas aproximadamente y la familia de Matilda Linares con la sucesión testamentaria, con las restantes 300 hectáreas.

“El ex presidente municipal Mauricio Góngora y el ex tesorero del estado, Juan Pablo Guillermo, y un par de socios más le compran a la señora Mildred y a Julio Camargo”.

“En el 2015 el Gobierno del estado y el municipio de Solidaridad licitan obras con recursos federales para la introducción de servicios de agua, drenaje, electrificación, banquetas, guarniciones y vialidades, con el pretexto de beneficiar a la colonia Cristo Rey, colonia irregular en aquel momento, propiedad del padre de Chanito Toledo, conocido priista”.

“Mauricio Góngora y Juan Pablo Guillermo, utilizando sus influencias y sus constructoras, manejadas principalmente por Fernando Villanueva y el contador Víctor Bonfill, introducen estos servicios en terrenos privados, sin que exista ninguna vialidad marcada en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Solidaridad, violando todas las leyes municipales, estatales y federales. Por cierto, a la colonia Cristo Rey, solo le llegó el agua”.

Conclusión: “en forma legal debieron haber llevado los servicios a través de las vialidades existentes en el PDU. Donde sólo correspondían aproximadamente 1.5 km, ejecutaron una avenida en propiedad privada por 2.5 km para partir en dos el terreno que compraron a doña Mildred y Julio Camargo, con la finalidad de tener doble frente de avenida, que obviamente incrementa el valor comercial de estas tierras.

¿Alguna duda del fraude?”, preguntó Carlos Antonio Mimensa, durante la conferencia que ofreció en Playa del Carmen.

[b]Pruebas[/b]

Después de que el empresario presentó una serie de documentos a los reporteros, y que obran en poder de esta casa editorial, anunció los actos que realizará en lo inmediato: 1.- proceder con una denuncia penal ante la PGR. 2.- emplazar al Ayuntamiento a que fije una postura o nos cite a una reunión en 72 horas.

(El secretario general del Ayuntamiento deberá fijar una fecha exacta para que ellos procedan legalmente; en caso de que no ocurra, se convocará a una reunión pública de la sociedad para evaluar el cierre pacífico del Palacio Municipal e impedir que los servidores públicos ingresen, ya que no están protegiendo los derechos del pueblo). 3.- El Ayuntamiento deberá demandar de inmediato ante la PGR y pedir el aseguramiento inmediato de estos predios, para evitar que se deshagan del patrimonio ante terceros compradores de buena fe, así como “Implementar auditorías inmediatas a CAPA, al municipio, al estado y a las empresas que realizaron estas obras y se presumen son de Juan Pablo Guillermo, por medio de sus prestanombres, quienes adquirieron los múltiples contratos de los servicios”.

Carlos Mimensa adelantó que dará a conocer obras cobradas que no fueron ejecutadas. “pero todo en su momento”.