Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Lunes 6 de febrero, 2017
En los últimos días de su mandato, en septiembre pasado, el gobernador Roberto Borge Angulo otorgó discrecionalmente casi una veintena de patentes para venta y consumo de bebidas alcohólicas en Cozumel, Isla Blanca y Tulum, a su padre Roberto Borge Martín, y a su compadre Óscar Conde Canto, primo del ex mandatario quintanarroense y actual senador, Félix Arturo González Canto.
El valor de esos permisos para bares en el [i]mercado negro[/i], está entre los 500 mil y 600 mil pesos; es decir, el ex mandatario “regaló” 11 millones 400 mil pesos en permisos, cuyo importe nunca ingresó al erario público.
Borge Angulo otorgó las patentes a favor de su padre, y de dos empresas que se presume son de su propiedad y que hoy están siendo investigadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caracol 65 SA de CV y Estemar del Caribe SA de CV.
De acuerdo con la Ley para el Control de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo, “una patente es una cédula que otorga discrecionalmente el titular del Ejecutivo a personas físicas o morales”.
Con base en esa facultad discrecional, siete día antes de dejar el cargo Borge repartió 12 patentes. Algunos de los negocios en Isla Mujeres son Bar Mundaca, Súper la Botica, Karaoke Bar y dos Restaurante Bar.
Uno de los beneficiario del ex gobernador, Conde Canto, ha sido cuestionado por malos manejos de recursos públicos desde que fungió como director de Egresos de Benito Juárez: en 2010, fue involucrado en el desfalco de 229 millones de pesos al Ayuntamiento y, pese a haber sido encontrado responsable por la Auditoría Superior de Quintana Roo, se le protegió para que no pisara la cárcel.
En vez de ser castigado, fue nombrado recaudador de rentas de Tulum, a fines de 2010; meses después, en 2011, fue tesorero de Solidaridad, donde también se le implicó en desvío de recursos, y en 2013 se le designó tesorero de Tulum, hasta septiembre pasado.
Durante su gestión, la Auditoría Superior de Quintana Roo encontró irregularidades y a la fecha no ha comprobado en qué se usaron 909 millones, 913 mil pesos.
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