Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 12 de enero, 2017
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el circo [i]American Circus[/i], ubicado en el municipio de Tulum, continúa bajo procedimiento administrativo, que se le instauró en octubre de 2016.
En atención a diversas denuncias que reportan que el circo emplea en sus espectáculos animales silvestres, personal de la Profepa realizó una visita técnica para corroborarlo, y verificó que cuenta con registro ante la Semarnat.
Se corroboró que mantiene actualmente un procedimiento administrativo abierto con motivo de la visita de inspección ejecutada en octubre de 2016 en Mérida, Yucatán.
Como resultado de la inspección, la Profepa aseguró de manera precautoria siete ejemplares de vida silvestre debido a que el responsable no acreditó la legal procedencia y por evidentes faltas de trato digno y respetuoso.
Los ejemplares asegurados fueron puestos bajo resguardo y en calidad de depositaria del espectáculo ambulante, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de los mismos.
Durante la visita de inspección en octubre pasado, el propietario del circo presentó un amparo otorgado por un juez federal respecto a la reforma al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), relativa a la prohibición de uso de ejemplares silvestres en circos, que fue exhibido al personal de la Profepa en Quintana Roo.
El amparo vigente permite al circo el uso de animales silvestres durante sus espectáculos; sin embargo, no le exime cumplir con sus obligaciones de contar con la documentación que ampare la legal procedencia de los ejemplares, ni el incurrir en faltas al trato digno y respetuoso de los mismos.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada