“El Congreso ha tomado una decisión, pero con tibieza, sobre las comunidades de la zona limítrofe, no ha hecho una postura frente a Campeche que reclama y dice que esas comunidades que atiende Quintana Roo le corresponden a ellos, queremos que atienda con firmeza esta falsedad, parece que no hay interés en atender el tema”, apuntó Carlos Pérez Flores, comisariado ejidal de la comunidad de Guillermo Prieto, al presentarse este martes en el Congreso de Quintana Roo para exigir a diputados atender el conflicto limítrofe.
Un grupo de integrantes del comisariado ejidal, así como la subdelegada de Caña Brava, Inés Álvarez; el representante de Felipe Ángeles, Mateo López y el asesor jurídico de las tres comunidades, Andrés Blanco Cruz, presentaron ante el Poder Legislativo un documento dirigido al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda García, quien también es presidente de la comisión de los límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XVI Legislatura.
En el documento acusan a Miranda García de actuar con “tibieza y entreguismo” frente a las pretensiones del gobierno campechano sobre las sentencias de amparo que obligan a diversas autoridades del gobierno de Quintana Roo a garantizar el derecho humano al acceso de agua potable a comunidades de la zona limítrofe por suponer que ello vulnera la soberanía de Campeche.
Recordaron que estas tres comunidades demandan acceso al agua potable en cumplimiento a su derecho humano, de tal manera que se asignó un presupuesto de 100 millones de pesos para que se cumplimente, pero derivado de estas sentencias, la Consejería Jurídica del Estado de Campeche acudió el 7 de diciembre de 2020 al Juzgado Primero de Distrito para solicitar copias de los amparos y presentarlas como prueba dentro de la controversia constitucional 226/2019, en donde este estado entra como tercer interesado.
Campeche advierte que con estos amparos “es susceptible de transgredir los efectos de la suspensión dictada mediante proveído de 20 de agosto de 2019 y continúa diciendo que los efectos de tal suspensión siguen vigentes e imponen el deber a las autoridades de Quintana Roo de continuar prestando los servicios públicos a la población que habita en la franja territorial”, explica Andrés Blanco.
Y es que, dijo Blanco Cruz, para el Congreso de Quintana Roo no hay seguridad de que las comunidades de la zona limítrofe sean de Quintana Roo, y que “respetan la abstención decretada de no realizar ningún acto que amplíe o modifique la jurisdicción que conservare al momento de emitirse dicha medida cautelar”.
Edición: Laura Espejo
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