Tras la resolución del pasado viernes 3 de septiembre del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal dentro del Juicio de Amparo 709/2021, que ordena a la Secretaría del Bienestar y Secretaría de Salud del estado (Sesa), aplicar la vacuna Pfizer anti Covid-19 a un menor de 12 años, la Sesa interpuso un recurso de queja que, según el abogado promovente, Andrés Blanco Cruz, “dilata el proceso de aplicación”.
La Secretaría de Salud, sostuvo que el recurso de queja presentado obedece a que el Juzgado 1 y 6 de Chetumal, han externado una postura divergente en relación al Juicio de Amparo 709/2021, al tratarse de un problema de índole nacional.
Se trata de un paciente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con asma y autismo, el cual obtuvo el amparo mediante la representación de Blanco Cruz y el litigante Víctor Sauri.
“Se recurrió al recurso de queja porque no hay definición al respecto”, sostuvo la Sesa.
Blanco Cruz, aseguró que el mandamiento judicial del pasado 3 de septiembre, incluye a la Cofepris, Secretaría del Bienestar y Sesa, pero ésta última hizo una “chicanada jurídica” al interponer una queja para en contra de esta determinación judicial para efectos que no se le aplique la vacuna a este menor de edad.
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Recordó que la demanda de amparo 709/2021-II-B, fue recibida ser un tema que la ley considera se pone en peligro la vida, y por tanto dicta una suspensión para efectos de que las autoridades responsables que intervienen en el plan nacional de vacunación de manera inmediata tomaran la medidas de que se le aplicara la vacuna Pfizer a un menor de 12 años.
El abogado, sostiene que la queja por parte de la Secretaría de Salud es reprobable e ilógica, ya que no se presentó ningún argumento médico, científico que pudiera debatir la determinación del juez.
El abogado abundó en que la Sesa, argumentó que los menores de edad no están incluidos en el plan nacional de vacunación “cuando fue precisamente por esta causa el padre del menor acude a pedir al juzgado la protección y el amparo de la justicia federal”.
Este procedimiento, podría retrasar un lapso de tres a cuatro meses que el menor sea vacunado.
“Lo que busca la secretaría, lejos de proteger la vida de una menor de edad es retrasar el procedimiento para efecto de que se le aplique la vacuna, lo cual es lamentable pues en otros estados donde han procedido los amparos, las autoridades han hecho lo necesario para efectos de aplicar la vacuna”, insistió Blanco Cruz.
Edición: Emilio Gómez
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