Mediante amparos ejidatarios de Pino Suárez se aferran a terrenos en Tulum

Mediante la tramitación de juicios de amparo directo ante el 29 Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún integrantes del ejido José María Pino Suárez, en Tulum, esperan que se revoque la sentencia que reconoce las propiedades privadas de particulares en los terrenos colindantes con el núcleo ejidal; a la par han interpuesto juicios civiles para ser reconocidos como posesionarios.

“Estamos ante una incongruencia total”, señaló el abogado Víctor Salaya, quien explicó la situación que prevalece en la zona, donde el año pasado el Tribunal Superior Agrario confirmó las sentencias que había emitido el Tribunal Unitario Agrario en los juicios 09/2013, 441/2015 y 1102/2014, en las cuales el Tribunal Superior Agrario, compuesto por cinco magistrados y con sede en la Ciudad de México, confirmó el reconocimiento una línea limítrofe entre el ejido José María Pino Suárez y las propiedades privadas de las empresas Land Management y Grupo Alfil Construcciones.

Estos límites indican que las empresas colindan al poniente con el nuevo centro de población ejidal José María Pino Suárez y al oriente con el camino Tulum-Boca Paila. Ello confirma que el ejido no abarca terrenos en la zona federal marítimo terrestre, lo que ha sido su pugna durante décadas por la alta plusvalía de los sitios costeros, muchos de los cuales han sido vendidos y los nuevos dueños se encuentran con que no tienen la certeza jurídica de la tierra.

“Lo que llama poderosamente la atención es que un grupo de personas que evidentemente son ejidatarios pero que no están en la resolución presidencia del 8 de octubre de 1973 (cuando se conforma el ejido) de nombres Joel Tovar Arcos, Columba Archurdia Garrido, María Isabel Caro Cetina, Rodolfo Sosa Escobar, Ileana Tun Cauich y Juan Tun Mis envíen un escrito al Consejo de la Judicatura y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciéndole ver irregularidades en estos expedientes y al mismo tiempo están interponiendo amparos”, detalló el abogado.

Consideró esta estrategia de los ejidatarios como “un acto desesperado de querer llevar agua a su molino” cuando en realidad los magistrados del colegiado tendrán que analizar estos expedientes y tomar una decisión sobre si les conceden o les niegan el amparo; por otro lado, dijo, al mismo tiempo que ellos afirman a los medios de comunicación y a los tribunales colegiados y, anteriormente, a los agrarios que esta superficie es propiedad ejidal.

“Al mismo tiempo tenemos a personas como Juan Pastor Almazán Arteaga, Nancy Canaret y Antonino Almazán Arteada, que es de los líderes del ejido, interponer juicios civiles”, añadió. 

En dichos juicios, los quejosos están demandando a Land Management y a Promotora Arena y Sal por prescripción adquisitiva, “es decir, no nada más reconocen con esto implícitamente que no es parte del ejido, sino que argumentan ahora que están en posesión de las propiedades de ambas empresas y pretenden que un juez civil los declare como dueños por el tiempo que tienen en posesión de las propiedades de estas empresas”. 

Son, de acuerdo con el experto en derecho, cuatro o cinco juicios por prescripción adquisitiva los iniciados. Este concepto se usa cuando una persona está en posesión de un bien que sabe que no es suyo, pero sí propiedad privada y demanda al dueño para que la autoridad civil le reconozca como posesionario de la superficie. 

“Curiosamente, estas demandas son sobre superficies que ellos reiteradamente por 30 años han insistido que son ejidales, y ahora como van perdiendo los juicios demandan la prescripción para ser ahora los dueños; eso es como una confesión expresa, una aceptación de que estos terrenos ya no son ejidales y como consecuencia que no llegan al camino Tulum-Boca Paila y menos a los terrenos de la playa”, indicó el abogado.

Las empresas aún no han sido notificadas de los recursos legales en su contra y será hasta que conozcan los expedientes que podrán definir una estrategia de defensa. Cabe destacar que los promoventes de estos juicios han hecho campañas de difusión en medios nacionales diciéndose afectados e incluso el caso ha sido ventilado en la conferencia de prensa diaria que ofrece la Presidencia de la República.

“La película que les cuentan a los medios es muy diferente. Ellos dicen ‘somos víctimas de irregularidades’ pero la realidad es que el control del nuevo centro de población ejidal lo tienen empresarios provenientes de otras partes del país, ya no están dedicados a la agricultura o alguna otra actividad considerada ejidal, realmente ya son inmobiliarias ejidales”, aclara el abogado.

El ejido Pino Suárez fue decretado en 1973, cuando la federación le dio tierra a campesinos de Tabasco que lo solicitaron; a lo largo de los años ha habido ventas de terrenos y de esos ejidatarios originales quedan muy pocos, actualmente, los dueños son empresarios entre los que destacan apellidos muy conocidos de Yucatán, Tabasco o la Ciudad de México.

El año pasado, un tribunal ordenó cancelar los certificados parcelarios y títulos de propiedad expedidos por el ejido en razón de que en una asamblea de 2006 el núcleo agrario agregó a los terrenos que le pertenecen 400 hectáreas (terrenos colindantes al camino Tulum-Boca Paila) que no les correspondía, pero les brindaban acceso a la playa, con la correspondiente plusvalía que eso conlleva. 

Tras el fallo del juez el ejido debió regularizar las superficies de las que es propietario y ajustar el tamaño de las parcelas, pero en vez de ello en noviembre de 2021 optaron por interponer amparos.

Los terrenos de la playa “nunca fueron de ellos, nunca los recibieron como tal”, aclaró Víctor Salaya y agregó que desde 1994 un primer juez de distrito les dijo que no llegaban hasta allá “pero han insistido porque esta desinformación les ha generado ingresos”. Ahora los actores deben esperar a que radiquen los juicios de amparo en el tribunal colegiado, y darle la oportunidad a los magistrados de que revisen los expedientes y resuelvan conforme a derecho.

“Es un ejido afortunado por la particularidad de que ya tiene límites definidos, los ejidatarios son dueños de 10 mil hectáreas que están inmersas en Tulum y la zona de crecimiento va para allá, el tema del aeropuerto nuevo les va a beneficiar mucho porque (sus tierras) es la pasada obligada y el área de crecimiento siempre va a estar allí con ellos; si estuviera solucionado el tema de la playa seguramente el aeropuerto hubiera sido en sus tierras”, destacó el entrevistado.

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Edición: Estefanía Cardeña