Ambientalistas de la Riviera Maya manifestaron su inconformidad por la obra del Tren Maya. En el caso de la organización Greenpeace, acudieron a uno de los tramos donde opera la maquinaria, al poniente de Playa del Carmen, y la “inmovilizaron”. Colocaron también una manta donde podía leerse: Protejamos la Selva Maya.
Mientras que el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) condenó el reciente comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el que se les califica de seudoambientalistas. “Es muy irresponsable cuestionar la participación ciudadana, considerando que el deterioro de los ecosistemas se hizo a pesar de los esfuerzos de ambientalistas y de la sociedad civil organizada que ha venido trabajando en Quintana Roo, desde 1983”, señala un comunicado dado a conocer por Gema a los medios de comunicación.

El documento recuerda que “el notable deterioro se debe a las ilegalidades que cometieron las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como al desarrollo urbano y turístico desordenado, que ha sido producto de intereses económicos y políticos avalados por la autoridad en cada administración”.
Y enumera algunos ejemplos de proyectos que califican como “devastadores” autorizados por la presente administración. Ellos son: el cuarto muelle de cruceros en Cozumel, el proyecto LaKam- Ha, también en Cozumel; el mejoramiento y estabilización de la zona de playas y marina de las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en Tulum; el hotel Grand Island, en la zona hotelera de Cancún; el muelle de Xcaret, en Playa del Carmen; y la primera fase (tramos 1 al 3) del Tren Maya.

“Ser ambientalista y defender los derechos humanos, hacer educación ambiental, es una actividad que desarrollamos por voluntad, no hay ninguna obligación de hacer lo que hacemos, excepto nuestra responsabilidad cívica, por ello, nadie puede reclamarnos nada."
"No nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos, en el caso de nuestra organización, a la construcción de un tren, lo que si es que nos oponemos a que se construya de manera ilegal, violentando las leyes que tanto esfuerzo han costado a mexicanas y mexicanos, para buscar que las actividades humanas sean lo menos impactantes posibles, presentando mitigaciones para ser compatibles con el medio ambiente y garantizar el derecho al ambiente sano del que depende nuestra vida”, concluye el comunicado.
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