Un juez de distrito negó la liberación de los restaurantes La Querida y La Malquerida, que desde el 20 de octubre del 2021 se encuentran asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por la balacera ocurrida a las afueras de dichos negocios esa misma fecha, que dejó como saldo dos mujeres extranjeras muertas y tres turistas heridos.
En una conferencia de prensa ofrecida el viernes, Juan Miguel Durán, abogado de Leixys Pérez Casas, propietario de los negocios en mención, declaró que este asunto deriva de la solicitud de liberación de dichos inmuebles por parte del propietario.
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Describió que se advirtió y se hizo de conocimiento al juzgado de distrito que dicha medida era antijurídica por la sencilla razón de que los negocios no son susceptibles de asegurarse dada la consecuencia patrimonial que tiene los bienes de los ciudadanos.
Indicó que a razón de ello, a mediados de marzo se interpuso un amparo indirecto en el juzgado de distrito con sede en la ciudad de Cancún, y que las autoridades en los informes previos aceptaron los actos que se reclaman y negaron sucesivamente a su cliente la liberación de los inmuebles, así como también se le negó el acceso a la justicia para que se conozcan los daños causados a los civiles como consecuencia de los lamentables eventos del 20 de octubre del 2021.
Añadió que como correspondencia a todo el ello, el pasado 27 de mayo el juez de distrito dictaminó negar la suspensión del acto reclamado, que es la negativa del aseguramiento y/o la liberación de ambos predios, aun cuando el caso estaba en depositaría legal a favor de su cliente.
Dijo que como consecuencia de los informes que dio a conocer la Fiscalía se precisa que pese a que la investigación -la cual dio origen al aseguramiento- ya se encontraba cerrada, existían actividades complementarias, sin detallar cuáles eran éstas.
“Puedo decir que el juzgado resolvió con un análisis básico todo ello y con motivo de eso negó la medida de suspensión del aseguramiento que se estaba pidiendo, no obstante las actividades jurisdiccionales continúan para esclarecer y dar atención a la demanda que busca un resultado positivo; estamos en puerta de presentar el debido recurso de revisión para continuar defendiendo los intereses”, expuso.
Abundó que en primera cuenta hubo oficios de la autoridad en los cuales se dijo que ya estaba cerrada la investigación, al tenor de que ya habían realizado diversos peritajes y levantamiento de prueba en los inmuebles.
“Como consecuencia de ello es que ya habían concluido con las investigaciones y este simple paso del tiempo ya borró toda huella, pistas y evidencias que puedan ser susceptibles de apreciarse en el lugar, por lo tanto, ese primer criterio”, sostuvo.
Por su parte, Leixys Pérez Casas pidió al juez que tome cartas en el asunto porque son bastantes las personas afectadas. Precisó que hay directamente 25 empleados y 25 más indirectos afectados, a los cuales se les sigue pagando el Seguro Social, además de continuar pagando impuestos y la renta de los locales.
Señaló que en el mes de marzo, cuando se ingresó el amparo, se puntualizó un millón 300 mil pesos de pérdidas desde que se aseguró, sin contar los gastos de sus defensores legales. Refirió que al interior de ambos negocios hay cinco neveras, seis congeladores con productos y cinco computadoras.
“Ha sido muy cansado el proceso y espero que a la brevedad se libere el lugar porque no hay más nada que investigar. No es justo mantener así un lugar familiar que no es la imagen que merece Tulum”, recalcó.
También manifestó que en los recientes días el lugar se inundó de aguas residuales de otros negocios contiguos, y también una de las neveras se descompuso y los productos en su interior se pudrieron causando una pestilencia, lo que puede causar problemas de salud grave. Mencionó que todas estas situaciones y observaciones las hicieron saber en su amparo.
Edición: Estefanía Cardeña
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