La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en colaboración con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz, presentó este lunes en conferencia de prensa las detenciones relevantes en la delegación Alfredo V. Bonfil efectuadas en días pasados, que incluyen a generadores de violencia en el municipio Benito Juárez.
“Con relación a los hechos delictivos de alto impacto ocurridos en la delegación Alfredo V. Bonfil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) realizamos operativos de inteligencia que derivaron en la detención de José N. y Gabriel N., por delitos contra la salud, ya que tenían un cargamento de 104 bolsitas con marihuana y por portación de armas de fuego”, destacó el secretario Rubén Oyarvide Pedrero.
Estos dos detenidos forman parte del Cartel de Sinaloa y se encuentran presuntamente relacionados con otros delitos, como una privación ilegal de la libertad y doble homicidio; además, José N. está vinculado con los incendios de vehículos registrados en días pasados en la delegación Alfredo V. Bonfil y la supermanzana 308 de Cancún.
En estas acciones también fue detenido David N. por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tenía en su poder 13 dosis de crack, 15 bolsitas de marihuana y un arma corta calibre 40.
Durante la rueda de prensa en materia de seguridad, que tuvo lugar en las instalaciones del C5, el titular de la FGE Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, indicó que se realizaron 21 detenciones por delitos contra la salud, 12 por robo, 11 por violencia familiar y una por feminicidio. Se lograron 20 vinculaciones a proceso, en 18 de las cuales el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva; en el periodo referido se llevaron a cabo tres cateos.
Se confirmó también la muerte de dos hombres reportados como desaparecidos: el empresario Juan Manuel Villaseñor, a quien se buscaba desde el pasado 5 de marzo, y de Carlos Alberto Jerezano.
En cuanto a las sentencias dictadas, el fiscal dijo que se lograron dos: una por el delito de robo y otra por homicidio y tentativa de homicidio, esta última con pena de 83 años y ocho meses de prisión.
En la rueda de prensa participaron también Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno y José de la Peña, coordinador del Comité Estatal de Seguridad y Justicia.
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